Grave crisis en la delegación de Educación por los contratos «a dedo»

El escándalo de las contrataciones a dedo ha abierto una profunda crisis en la delegación provincial de Educación que en las últimas horas ha destituido a tres altos cargos por las irregularidades en esos contratos y ha tenido que abrir expediente disciplinario a varios de ellos. Ayer, después de que se conociera la fulminante destitución de los tres responsables de los puestos de libre designación, la Consejería de Educación, admitió que ha abierto expediente disciplinario a los destituidos aunque se limitaba a asegurar que los expedientes se producían «por no aplicar la normativa».

Los altos cargos afectados por estas destituciones son la jefa de Ordenación Educativa, Carmen Liébana y el jefe de Recursos Humanos, Luis Sanchís, mientras que el tercer afectado es el jefe de Inspección de Sevilla, Alberto Moreno, y padre de Anaís Moreno, la joven que se benefició de un contrato presuntamente irregular en un centro educativo del Polígono Sur.

Ayer la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, que se vio obligada a abrir una investigación interna en julio y se comprometió en el Parlamento a depurar responsabilidades, dijo que «ha habido algún tipo de no aplicación en la normativa y eso merece abrir un expediente disciplinario». De la Calle, que visitó una escuela infantil en Osuna, afirmó que se ha actuado «rápidamente» en el momento que ha tenido la información reservada y por ello ha abierto expediente disciplinario a estas tres personas. Esa investigación «concluirá si ha habido error o no». Sin embargo, la consejera no reveló mas datos al respecto asegurando que las conclusiones de ese expediente tardaran. «Las dos personas que van a ser sometidas a expediente disciplinario son las dos que se ha tomado la decisión de que deben ser cesadas», dijo.

Unas explicaciones muy parcas para unos hechos que han abierto una profunda crisis en la delegación de Sevilla cuya titular, Francisca Aparicio, se ha quedado prácticamente sola y sin equipo después de las últimas destituciones que se suman a la del que fuera secretario general, Francisco Díaz. Este último dejó el cargo unos días después de negarse a firmar un informe encargado por la delegación parar dar apariencia de legalidad a esas contrataciones, entre ellas las de la hija de Moreno.

El PPy Podemos pidieron la destitución fulminante de la delegada provincial, Francisca Aparicio, como principal responsable e insistieron en que la consejera de Educación debe dar explicaciones en el Parlamento y dar a conocer los resultados de esa investigación. Según la diputada del PP, Patricia del Pozo, «es inadmisible que no dimita la responsable de la delegación tras ese escanda y cuando se ha quedado sin sus cuatro jefaturas de servicio y sin el secretario general.