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La mano ejecutora de las viviendas ilegales en Cádiz: grupos de poder con vínculos en los ayuntamientos
RADIOGRAFÍA DE LA VIVIENDA ILEGAL EN CÁDIZ
Colectivos y personas con intereses en los consistorios ejercen una «presión enorme» para que los equipos de gobierno les suministren agua y electricidad
En lo que va de año la Inspección ha levantado un total de 557 actas, de las cuales 382 corresponden a la provincia de Cádiz y se han tramitado 164 denuncias y 120 precintos
La Fiscalía de Cádiz investiga a los ayuntamientos que no denuncian las viviendas ilegales de sus municipios
A golpe de clic, los anuncios salen de debajo de las piedras. «Se vende parcela registrada en el Registro de la Propiedad de 1.000 m². Lista para vivir con luz, agua de pozo y casa móvil amueblada. Se encuentra a cinco minutos de La Barrosa», reza uno de ellos. El precio, poco más de 40.000 euros. Una ganga... Si no fuera porque en suelo rústico no se puede construir una vivienda ni instalar una mobile-home sin la correspondiente licencia municipal, que por regla general no suele concederse para vivir.
Las parcelaciones irregulares son otro fenómeno en auge: el propietario divide su terreno en varias parcelas más pequeñas con una valla metálica y las pone a la venta, aunque en suelo rústico es ilegal parcelar sin autorización municipal. En 2023, la Guardia Civil logró paralizar la construcción de toda una urbanización de casas ilegales vendida a base de sociedades pantalla en Jerez. Aun así, algunos compradores deciden arriesgarse, adquirir su parte de la parcela y construir una vivienda, aun cuando tarde o temprano puede encontrarse con un precinto o con una orden de demolición.
Desde 2021, la Junta, la Fiscalía y, en mayor o menor medida, los ayuntamientos han reforzado los controles para frenar la proliferación de viviendas ilegales, que ha resurgido en los últimos años en la provincia de Cádiz hasta convertirse en el territorio más tensionado por este problema urbanístico de toda Andalucía.
Según datos facilitados por la Junta de Andalucía, en lo que va de 2025 se han efectuado por la Inspección algo más de 300 precintos en parcelaciones, de los cuales 120 corresponden a la provincia de Cádiz. «Gracias a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), hemos puesto el foco en la prevención de las parcelaciones y las construcciones sin licencia en suelo rústico«, señala la consejera de Fomento, Rocío Díaz.
El fenómeno que nació hace varias décadas en el litoral gaditano cada vez expande más su tentáculos por poblaciones del interior. Actualmente, los focos de viviendas ilegales se encuentran en los municipios de La Línea de la Concepción, Barbate, Conil, Sanlúcar, Vejer de la Frontera, Chiclana de la Frontera, San Roque, Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera y Paterna de Rivera.
Durante 2025, la Inspección ha levantado un total de 557 actas, de las cuales 382 corresponden a la provincia de Cádiz y se han tramitado por el equipo de Inspección 164 denuncias.
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«Hemos puesto el foco en la prevención de las parcelaciones y las construcciones sin licencia en suelo rústico», dice la consejera
Precintan una parcela ilegal en Chiclana donde ya se estaba haciendo hasta una piscina
La superficie de la finca supera los 5.000 metros cuadrados y la habían dividido en cinco subparcelas
La inspección logra poner coto al aumento de viviendas ilegales en Cádiz
La Junta actúa con rapidez para paralizar las obras antes de que se habiten por sus propietarios
En algunos casos, medidas provisionales como el precinto no son suficiente para paralizar la construcción. En Los Barrios, La Línea o San Roque se han «reprecintado» más de 300 parcelas porque los propietarios lo rompen y continúan con las obras, aunque suponga una infracción muy grave que puede acarrear multas de hasta 120.000 euros. En lo que llevamos de año, se han tramitado por la Inspección 138 expedientes sancionadores en la provincia de Cádiz y se han impuesto 123 multas coercitivas, la mayoría de ellas por incumplimiento de órdenes de suspensión de obras y rotura de precinto. En este sentido, el valor de las sanciones y multas impuestas en la provincia ronda los 1,4 millones de euros.
Poca colaboración de algunos ayuntamientos de la provincia
Fuentes de la Fiscalía consultadas por LA VOZ ponen el foco en dos aspectos que dificultan frenar un problema urbanístico que pone en jaque la expansión ordenada de las ciudades: la dificultad para ejecutar las demoliciones ordenadas por los jueces -porque es más barato construir que demoler- y la falta de diligencia de algunos ayuntamientos. «La colaboración de los ayuntamientos es disímil: hay algunos que son más colaboradores que otros», afirman estas mismas fuentes.
De hecho, la Fiscalía denunció a la alcaldesa de Conil, Inmaculada Sánchez, y a otros responsables del área de Urbanismo por presunta permisividad con las construcciones ilegales en el municipio. En una entrevista a este periódico, la regidora aseguró sentirse «tranquila» ante el procedimiento judicial abierto y afirmó que «ha habido a lo mejor alguna lentitud por expedientes que se pidieron por parte de la Fiscalía pero van todos en tiempo y forma».
Paralizada la construcción de una urbanización ilegal en un suelo rústico junto a Marismas de Barbate
La Consejería de Fomento actúa en 53 nuevas parcelas, la mayoría con casas prefabricadas, en el paraje Ribera de La Oliva
Pero, ¿qué factores pueden influir para que un ayuntamiento no colabore con la Fiscalía? ¿Es por la falta de medios que sufren los consistorios gaditanos o una cuestión de voluntad política? «La falta de medios indudablemente hay que tenerla en cuenta, pero también está el hecho de que los que llevan a cabo construcciones ilegales se convierten en grupos de poder. En determinadas localidades han llegado a tener concejales», aseguran las mismas fuentes. Es decir, los promotores de las viviendas ilegales han alcanzado tanto nivel de poder que han logrado tener presencia en los ayuntamientos. Además, estas mismas fuentes señalan que estos grupos de poder son de tal calado que ejercen una «presión enorme» a los equipos de gobierno para que les suministre agua y electricidad. «Al final es un enorme problema político», lamentan.
Una administración municipal puede ser considerada permisiva con las viviendas ilegales de varias maneras: al no realizar las necesarias inspecciones del territorio, al no cumplir con la obligación de remitir a la Fiscalía las actuaciones que son constitutivas de delito y al poner obstáculos a la hora de ejecutar las sentencias que ordenan la demolición debido al coste político que pueden conllevar.
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La crisis de la vivienda, un problema pero no la causa del aumento de las construcciones ilegales
Por otro lado, pese a que la crisis de la vivienda es uno de los problemas que más preocupan a la sociedad española, parece no ser el motivo del aumento de las construcciones de viviendas ilegales. «Es un factor que no hay que desdeñar, pero en ningún caso es el hecho desencadenante de las construcciones ilegales, porque hay muchísima segunda residencia y hay muchísimas construcciones ilegales con una finalidad puramente especulativa en zonas del litoral, por ejemplo», explican desde la Fiscalía, que señalan que la solución que podría poner fin a este «problema urbanístico de primer grado» no recae tanto en que las penas sean elevadas como que se «impongan con celeridad». «Es decir, que los procedimientos terminen en un plazo razonable y que después lo que deciden los jueces, que suele ser casi en el 95 % de los casos, la demolición, que se lleve a cabo también y que no quede en papel mojado».
«Hay muchísima vivienda ilegal como segunda residencia, con un fin puramente especulativo en zonas del litoral», advierten
En definitiva, la provincia de Cádiz arrastra desde hace décadas un fenómeno que afecta tanto a la ordenación del territorio como al medio ambiente y que, lejos de desaparecer, adopta nuevas formas. Donde antes se erigían casas de ladrillo en suelo rústico, ahora se parcelan terrenos y se instalan viviendas prefabricadas o móviles al margen de la ley. Mientras que el goteo de anuncios de parcelaciones en Facebook no cesa, la Inspección precinta y levanta nuevas actas. La justicia tarda en llegar, pero llega.
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