Tribunales
Varios franquiciados de las peluquerías Low Cost agreden al dueño de la firma sevillana en los juzgados
La situación se ha desbordado a la salida de David Llera del edificio judicial tras prestar declaración como investigado
Este martes ha sido un día clave en la investigación que está llevando a cabo el juzgado de Instrucción 19 de Sevilla sobre el presunto fraude que habría cometido el dueño de la firma sevillana Peluquerías Low Cost . La juez había citado a los cinco principales implicados en la operación policial desarrollada a finales de septiembre. Un hecho que conocían los antiguos franquiciadores a los que les ha salpicado el caso y han hecho guardia en la puerta del edicio del Prado de San Sebastián .
Un grupo ha esperado al empresario David Llera , máximo responsable de la cadena, a la salida de los juzgados después de que éste prestara declaración como investigado. La situación se ha desbordado porque éste ha intentado esquivar a los afectados usando una puerta secundaria; lo que ha provocado carreras, gritos e insultos. Varios de los antiguos franquiciados se han dirigido al empresario, que iba escoltado por dos individuos. Uno de los afectados ha golpeado con una pancarta en la cabeza a Llera y otro le ha lanzado una botella de agua.
Esto ha provocado que se revolviera el dueño de la cadena y sus acompañantes, que se han enfrentado y han golpeado también a varias de las personas que aguardaban su salida. Finalmente una patrulla de la Policía Nacional que estaba cerca ha tenido que intervenir, calmando los ánimos e impidiendo que uno de los afectados persiguiera a Llera.
Todo esto ha sucedido mientras l as declaraciones continuaban en el juzgado. Además de David Llera estaban citados este martes la responsable de la academia de formación por donde pasaban los trabajadores de la cadena y los tres trabajadores más próximos al dueño de la cadena. Uno de ellos habría sido el testaferro que aparece al frente de varias de las sociedades de la red empresarial investigada no sólo por la Policía sino también por la Inspección de Trabajo y Hacienda.
La asociación que aglutina a los antiguos franquiciadores de la cadena cifra en más de un millón el dinero que les reclama Hacienda por unos chanchullos de los que culpan al dueño de la firma
El supuesto fraude fiscal que ha investigado la Policía consistió en recibir beneficios fiscales a través de la contratación masiva de empleados bajo la modalidad formativa a pesar de ser trabajadores cualificados y no reunir las condiciones que exige la ley. A través de ese tipo de contratación, los empresarios se pueden beneficiar de la reducción de hasta el 100% en las cuotas empresariales si son pymes como es el caso de estas peluquerías. En el caso de la matriz, los dueños de la cadena pudieron obtener más de un millón de euros de beneficios de los saldos de acreedores de la Seguridad Social, según la Policía. A estos ahorros en los costes sociales, los implicados sumaban la contratación de mano de obra muy barata .
Sin embargo, los franquiciados , una treintena de ellos fueron también detenidos por la Policía, sostienen que fueron engañados por la franquiciadora. Aseguran que la firma le imponía la asesoría con la que tenían que trabajar e incluso los trabajadores que debían contratar. De tal manera que desconocían qué tipos de contratos se hacían. Precisamente la denuncia de uno de ellos motivó la operación policial. Los afectados, que se salieron de la cadena, aseguran que conocieron las iregularidades cuando Hacienda comenzó a reclamarles la devolución de las bonificaciones fiscales obtenidas y el pago de cuantiosas multas. La asociación que los aglutina cifra en más de un millón el agujero ocasionado a las economías de estos pequeños emprendedores.
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