Los taxistas prefieren no declarar por los daños en el aeropuerto de Sevilla
Los cinco conductores citados por destrozos en los aseos se acogen a su derecho de callar
Los cinco taxistas llamados a declarar este lunes por el Juzgado de Instrucción 8 de Sevilla, que indaga presuntos ataques y amenazas sufridos por conductores de vehículos de transporte concertado (VTC) a manos de taxistas y supuestas coacciones por la parada de taxis del aeropuerto, se acogieron finalmente a su derecho constitucional a no declarar, según indicaron a Europa Press fuentes del caso.
Estos cinco taxistas habían sido llamados a declarar por la citada instancia judicial, como consecuencia de los «daños» perpetrados recientemente en los aseos de la terminal de llegadas del aeropuerto hispalense.
Hace pocas semanas, la juez instructora del caso solicitaba a la dirección del aeropuerto de San Pablo que informase del «estado» del contrato de al quiler relativo a las dependencias del recinto aeroportuario ocupadas por la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, un contrato dado ya por «finalizado» por Aena.
En paralelo, la juez instructora ofrecía a la dirección del aeropuerto la posibilidad de ejercer «acciones» legales con relación a los «daños» perpetrados el 23 de febrero en los aseos de la terminal de llegadas, toda vez que tales daños habrían sido perpetrados unas semanas antes de la finalización formal del mencionado contrato de alquiler.
Cabe recordar que en diciembre de 2017, el aeropuerto formulaba una primera demanda de desahucio ante los Juzgados de Primera Instancia por el supuesto incumplimiento de los términos del contrato suscrito en 2010 entre la dirección del aeródromo y la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, para el alquiler de este local.
Contrato de alquiler
Según el aeropuerto, los términos de dicho contrato de alquiler no contemplarían el uso del local para fines como la explotación de un bar , extremo que llevaba a Aena a solicitar la rescisión del mencionado contrato.
A la espera de una resolución judicial por dicha demanda, el 31 de marzo finalizaba la última prórroga de dicho contrato de 2010 y la dirección del aeropuerto remitió un burofax a Solidaridad Hispalense del Taxi comunicando que daba por acabado el contrato a la citada fecha.
Superada la fecha en cuestión sin que el local hubiese quedado expedito, y cometidos los citados daños, el aeropuerto decidía interponer una nueva demanda de desahucio .
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