Sevilla
La Guardia Civil confirma que Fitonovo regaló «varios coches» a un exasesor del PSOE en el Ayuntamiento
El patrimonio de Domingo Enrique Castaño, director del área de Vía Pública en la etapa de Alfredo Sánchez Monteseirín, fue investigado por la juez Alaya en la causa de Mercasevilla
La Audiencia Nacional ha acogido este martes la tercera sesión del juicio contra los dueños y trabajadores de Fitonovo por las mordidas y regalos que entregaron durante quince años a funcionarios y políticos del territorio nacional para conseguir contratos públicos , entre ellos algunos licitados por el Ayuntamiento de Sevilla . El epicentro de este fraude se ubicaba en la capital hispalense, sede de la empresa, y fue destapado por la juez Mercedes Alaya en el marco de la operación 'Madeja'. Hoy uno de los instructores de la Guardia Civil ha corroborado las maniobras de los empresarios y ha asegurado que en el caso del Ayuntamiento sevillano, el director del área de Vía Pública y asesor del PSOE Domingo Enrique Castaño recibió «varios vehículos» como regalo.
La sesión de este martes ha contado con la declaración como testigo de un agente de la Guardia Civil que instruyó «los primeros atestados» de la investigación hasta poco después de ser acometidos los registros policiales en las sedes Fitonovo y su filial Fiverde . Su unidad fue requerida por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, entonces comandado por la juez Mercedes Alaya, que en aquellos momentos estaba investigando el patrimonio de Castaño y su familia en torno al procedimiento seguido contra Mercasevilla para la venta de sus terrenos, un procedimiento que terminó con la absolución de los diez acusados, entre ellos Domingo Enrique Castaño.
Según ha explicado este agente, el «primer requerimiento» de la juez Alaya consistía en un «estudio de posibles relaciones societarias» entre Domingo Enrique Castaño y empresas contratadas por el Ayuntamiento de Sevilla, dado el papel del citado investigado como responsable del área municipal de Vía Pública. Las primeras indagaciones, según el agente, pusieron de relieve la « adquisición de varias viviendas « por parte de Castaño, en »un periodo relativamente corto«, por lo que los investigadores optaron por una »investigación patrimonial« de Castaño y su familia.
Un «análisis de la vida económica» del matrimonio de Castaño contenido en el «informe patrimonial» derivado de tales pesquisas, según este agente, puso de manifiesto « el tándem entre Fitonovo y Fiverde « respecto a la adquisición «sospechosa» de varios vehículos que obraban en poder del citado matrimonio.
De Mercasevilla a Fitonovo
Fruto de ello, según ha dicho el agente, pesó la «conclusión policial» de que dichos vehículos «fueron regalados» como «una dádiva» de Fitonovo y Fiverde a Castaño , tratándose estas empresas de sociedades «contratistas» del Ayuntamiento de Sevilla y específicamente de tareas competencia del área municipal de «responsabilidad directa» de Castaño.
Es más, el guardia civil ha expuesto que los registros de las sedes de las citadas empresas arrojaron la localización de «documentación de esos vehículos», así como prolijos documentos que «apuntaban a una contabilidad B « en tales entidades, en las cuales pesaba una »unidad de dirección total« por parte del acusado Rafael González Palomo, creador de Fitonovo y primer presidente de la entidad, quien figura como acusado en este caso.
Este mismo investigador, en ese sentido, ha señalado este martes «el celo contable» seguido por la trama en esa « auténtica contabilidad paralela «, detallando diversas de las anotaciones descubiertas respecto a dicha práctica.
También ha señalado, rememorando las pesquisas acometidas entonces, que los investigadores detectaron que tras ser cesado Domingo Enrique Castaño como responsable del área de Vía Pública del Ayuntamiento hispalense, habría «bajado» la contratación con las empresas Fitonovo y Fiverde .
Los informes de los cobros a funcionarios
Otro de los agentes que ha declarado este martes fue el encargado de elaborar informes acerca de los "cobros" percibidos por "funcionarios" supuestamente implicados en la trama merced a la documentación localizada en "los archivos de la caja B" de Fitonovo, alimentada por la "facturación falsa" de la entidad y con la cual eran acometidos dichos pagos a los funcionarios, según sus palabras.
Ha repasado diversos "informes patrimoniales" sobre los funcionarios presuntamente involucrados en la trama, como el que fuera jefe del servicio de Carreteras de la Diputación de Sevilla Carlos Manuel Podio, quien, según figura en la "contabilidad B" de Fitonovo, habría recibido "cantidades" de dinero entregadas por el fundador de la empresa, primer presidente de la misma y acusado en este juicio, Rafael González Palomo.
La investigación, según ha manifestado este agente, habría revelado que siendo Fitonovo subcontratada por una unión temporal de empresas (UTE) adjudicataria de un contrato de la Diputación de Sevilla, la citada entidad habría "incrementado los costes" reales de su labor para "pasar un 7,5 por ciento de su facturación" a Carlos Manuel Podio, es decir que le "daba una comisión ".
Otros de los informes, según ha dicho, versan sobre el exjefe del servicio municipal de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla Francisco Amores, el que fuera funcionario responsable municipal del Parque de María Luisa Francisco Luis H., el funcionario municipal Javier Isidoro G., el capataz de Jardinería del Servicio de Parques y Jardines de Sevilla Manuel P.C. o el exconcejal del PP y exdirector del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento hispalense Joaquín Peña.
También ha mencionado al que fuera funcionario de la Diputación de Sevilla Elías O., quien ejerció como jefe de servicio en dicha entidad, exponiendo que recibió "pagos en efectivo" y además "dos vehículos", uno de ellos destinado finalmente a su hijo. Eso sí, éste "pagó a Fitonovo la base imponible" del precio de los vehículos, con lo que respecto a los mismos "se ahorró el IVA" .
Acuerdo de conformidad
El juicio de la pieza principal de Fitonovo quedó marcado la semana pasada por el acuerdo alcanzado entre las defensas de la mayoría de los más de cuarenta acusados con la Fiscalía y la Abogacía del Estado , que se cerró ayer con esta segunda parte. Precisamente, fue este pasado lunes cuando los principales responsables de Fitonovo, ratificando el acuerdo, admitieron el cohecho, la organización a grupo criminal y además el delito por fraude a la administración pública que les atribuye la Abogacía del Estado.
Fruto de dichos acuerdos, la Fiscalía ha admitido las atenuantes de dilaciones indebidas, de confesión y de reparación del daño, retirando el delito de blanqueo de capitales inicialmente apreciado en su escrito de acusación al considerar que el dinero ilícitamente obtenido por la trama fue «ennegrecido» y no blanqueado.
El creador de Fitonovo y primer presidente de la entidad, Rafael González Palomo, acepta 28 meses de cárce l, su hijo José Antonio González Baró, quien le sucedió al frente de la empresa, 30 meses de prisión; el adjunto a la dirección de Fitnovo, Ángel Manuel Macedo Gajete, 19 meses de prisión; y el director comercial, Juan Andrés Brugueras Foye, a 30 meses de cárcel. Aunque ni éstos ni el resto de acusados que han aceptado el acuerdo pisarán la cárcel.
Contabilidad paralela
Fitonovo «creó una infraestructura operativa y contable para obtener contratos públicos irregulares «, habilitando » una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación y creando una contabilidad paralela que se nutría de una facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos«. Rafael González Palomo reconoció ayer ante la Audiencia Nacional que Fitonovo tenía una » doble contabilidad « con facturas falsas, señalando que esa »contabilidad B« respondía a pagos «concertados» con los funcionarios públicos involucrados en la trama. Los proveedores acusados también han admitidos la elaboración de esas facturas falsas.
González Palomo, quien ha explicado que tras crear la empresa estuvo al frente de la misma «hasta 2007 al caer enfermo», reconoció así «pagos a funcionarios» por los contratos cosechados por Fitonovo, un dinero que «se le entregaba» a tales funcionarios públicos, precisando que Ángel Manuel Macedo Gajete era el responsable de la citada contabilidad paralela y que Brugueras Foye se encargaba de la dirección comercial.
Dinero en efectivo
Así, este acusado ha ratificado que Fitonovo pagaba «comisiones» a los funcionarios públicos relacionados con los contratos públicos obtenidos.
Su hijo, José Antonio González Baró, explicó al tribunal que en 2007 comenzó a dirigir la empresa tras caer enfermo su parte y a partir de 2010 o 2011 actuó como «administrador único»; reconociendo igualmente que la sociedad emitía facturas falsas para pagar a funcionarios públicos por los contratos objetivos, abonándoles el dinero «principalmente en efectivo» . Una «segunda contabilidad» que, según este acusado, estaba en manos de Ángel Manuel Macedo Gajete.
Los citados pagos, según afirmó, abarcaban a funcionarios de las administraciones como el departamento del Ministerio de Fomento en Cádiz, diputaciones como las de Sevilla, Jaén o Córdoba ; ayuntamientos como los de Sevilla o La Carolina (Jaén) , los cabildos de Las Palmas de Gran Canaria o Lanzarote; la Consejería andaluza de Obras Públicas o la Agencia Andaluza del Agua, entre otras.
Ángel Manuel Macedo Gajete, por su parte, admitió que él estaba encargado de la citada «contabilidad paralela» de Fitonovo, que esa era su «misión» específica, materializando los «pagos a las personas» que se le indicaban; reconociendo además el uso de facturas falsas en la operativa de la empresa. «Lo habitual era pagar en efectivo» a los funcionarios, según este acusado, quien añadió que es «posible» que también se recurriese a regalos como dispositivos tecnológicos .
Brugueras Foye, por su parte, confesó los citados pagos a funcionarios relacionados con los contratos públicos obtenidos por Fitonovo, «después de llegar a acuerdos» con los mismos, manifestando que el dinero era entregado «en efectivo» a dichos funcionarios y negando que él se apropiase de alguna cantidad destinada a dicho fin.
Según la Fiscalía, «la entrega de comisiones se ha prolongado durante al menos 15 años , afectando a múltiples Administraciones tanto estatales, como autonómicas y locales, e involucrando a un elevado número de funcionarios y autoridades. De hecho, esta organización criminal desarrolló su actividad a través de semejantes prácticas corruptas al menos desde el año 1995, y por un amplio ámbito geográfico: Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Huelva, Algeciras, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Extremadura y Canarias«.
El próximo juicio será el de la pieza del Ayuntamiento de Sevilla, donde están acusados Antonio Rodrigo Torrijos, exteniente de alcalde del Ayuntamiento y exportavoz de IU; José Manuel García, exconcejal y sucesor de Torrijos como portavoz; Domingo Enrique Castaño, asesor del exalcalde socialista Alfredo Sánchez Monteseirín y responsable del departamento de Vía Pública; o Joaquín Peña, exconcejal del PP yexdirector de Parques y Jardines, entre otros, quienes ahora tendrán que afrontar su defensa sabiendo que los cabecillas de la trama han admitido las mordidas.
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