Salud lleva a iDental al fiscal tras recibir más de 3.000 quejas

El engaño de iDental , la clínica que cerró dejando a numerosos pacientes con el tratamiento sin acabar o mal hecho y con una deuda, fue ayer noticia dentro y fuera del Parlamento. Porque mientras la consejera de Salud, Marina Alvarez, contestaba a una pregunta del PPsobre el tema, en las puertas de la Cámara autonómica se concentraron 150 personas convocados por la Asociación Sevillana de Afectados iDental . Una protesta con la que los pacientes pretendían «presionar a las administraciones ante la gran emergencia social». Y también pedir a las administraciones que arreglen lo que han dejado:« Prótesis y dentaduras rotas o puntos de sutura aún puestos », según el portavoz de esta plataforma, Benito Lupiáñez.

Mientras eso ocurría, en el pleno del Parlamento la consejera de Salud insistía en lo que la Junta ya anunció hace variase semanas. Que su departamento ya ha llevado el tema a la Fiscalía. Concretamente, según Alvarez, ha llevado varios pasos relacionados con la atención sanitaria y el cierre de la clínicas. Será una denuncia que se sume a las que ya hay en los juzgados de Sevilla tanto de particulares como presentadas por el Colegio de Dentistas de Sevilla En uno de esos juzgados están citados para la próxima semana varios de los pacientes afectados por el engaño.

Las quejas de particulares siguen aumentando. De hecho, según los datos que facilitó ayer, la Dirección General de Consumo ya ha tramitado más de 3.100 reclamaciones relacionadas con las seis clínicas de esta compañía en Sevilla. De ellas, más de 2.000 se han recibido en los seis primeros meses de este año mientras que en 2017 hubo 985 y en 2016 ascendieron a 168. En cuanto a las sanciones, dijo que se han levantado 97 actas de inspección a las seis clínicas y se han iniciado 35 procedimientos sancionadores con una sanción de 1,2 millones de euros.

El PP alertó de la situación de «emergencia social» que ha provocado.Según el diputado popular, Jaime Raynaud, han sido muchas las informaciones alertando de las irregularidades. El PP recordó que hace catorce meses que Consumo abrió una investigación por el incremento de quejas y «ocultó en 2017 una multa de 100.000 euros que se impuso» a esta empresa, un extremo que considera «grave».