El recorte de ayudas a ascensores y la falta de planes aumentan las barreras arquitectónicas en Sevilla

En apenas 18 meses, entrará en vigor el nuevo texto refundido de la ley general de los derechos de las persona con discapacidad que obliga a hacer «ajustes razonables» en todos los ámbitos, transportes, calles, plazas y edificios, públicos y privados, para mejorar la accesibilidad de todos y especialmente de las personas con discapacidad. La nueva norma incluye, entre otros cambios, la bajada del porcentaje de inclinación de las rampas de acceso a los edificios y las aceras, así como el aumento de las dimensiones de éstas, cuyo mínimo pasa de 1,50 a 1,80, o facilitar la accesibilidad a eventos festivos, como la Semana Santa a la Feria.

En el caso de los edificios privados, la norma, explican desde la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla, Fams-Cocemfe, obliga a acometer los trabajos cuyo coste no supere el total de la cuota comunitaria de un año para que la carga económica no sea desproporcionada; en el caso contrario los interesados podrían aportar la diferencia.

Desde la Fams señalan al respecto cómo lasayudas a la instalación de ascensores, uno de los principales obstáculos para la accesibilidad en edificios antiguos, se han reducido sustancialmente. Destacan que en Sevilla hay muchos locales y edificios que no cumplen con la normativa pero que la falta de inspecciones por parte del Ayuntamiento hace que no se aplique el régimen sancionador, para lo que exigen más inspectores.

Los cambios en la normativa afectan igualmente a parques y jardines, transportes, actuaciones de urbanización y edificios públicos. Aquí el principal problema es la falta de un inventario que, señalan desde la Fams, impide determinar cuál es la situación actual de los mismos aunque en Sevilla tienen constancia que hay aceras sin rampas y otras con pendientes que son un verdadero peligro, parques en los que ni siquiera se cumple la normativa de señalización y proyectos en los que no se ha tenido en cuenta la nueva normativa.

La ley obliga a los ayuntamientos mayores de 10.000 habitantes a poner en marcha planes de accesibilidad y, con ello, a tener un inventario de los edificios y un presupuesto de las actuaciones a ejecutar, pero, señala Miguel Ramón García, responsable de Movilidad de la Fams, como ese documento no tenía la fuerza de un plan urbanístico, muchos ayuntamientos han destinado el dinero a otras prioridades. En el caso del Ayuntamiento de Sevilla, la Fams ha planteado esta situación al Consejo Municipal de la Discapacidad donde se les asegura que se está actuando al respecto, pero no tienen datos que así lo confirmen y la situación de algunas zonas de la ciudad tampoco confirma que se esté haciendo mucho.