¿Qué puede hacer el nuevo gobierno de Pedro Sánchez por Sevilla?
La futura ministra de Hacienda tiene en sus manos la ampliación del recinto fiscal, la recuperación de la plantilla municipal y la inversión pública
El nombramiento de María Jesús Montero como ministra de Hacienda ha causado optimismo en el ámbito local, sobre el que más han cargado los planes de contención del gasto aplicados por su antecesor. Los responsables públicos, incluso los de su propio partido, se mostraron ayer prudentes a la hora de valorar el cambio, pero van preparando el listado de asuntos pendientes que le reclamarán justo después de que jure el cargo. Quizá los que más familiares le resulten sean los de su ciudad, a la que ha puesto de ejemplo decenas de veces cuando ha criticado las políticas de austeridad de Cristóbal Montoro .
Uno de los primeros documentos que debería encontrar sobre la mesa cuanto tome posesión del despacho madrileño será el documento de ampliación del perímetro de la Zona Franca de Sevilla, un proyecto que conoce de cerca y que está a expensas de esa autorización ministerial para extender el vallado hasta el polígono Astilleros. La propuesta fue presentada el año pasado y, por el momento, no tiene ninguna objeción de la Dirección General de Aduanas .
Ampliar el área de influencia más allá de la carretera de la Esclusa permitirá ganar 400.000 metros más de suelo y albergar a las empresas del polo industrial para contar con una amplia nómina que sirva como imán para futuras inversiones. También justifica la asignación de un recurso económico a partir del impuesto de sociedades que abonan estas compañías. Ese es el modelo de financiación que han solicitado los recintos y que se ha incluido en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que, igualmente, tendrá que defender la futura ministra.
En juego están nuevas inversiones, cuyos responsables siguen a la espera del derrotero del recinto, donde ya han solicitado instalarse dos nuevas firmas: la farmacéutica VIR e Inglés Steel.
La tasa de reposición
Otro de los retos de Montero que las corporaciones locales llevan tiempo esperando es la ampliación de la tasa de reposición de empleados públicos, congelada durante los años duros de la crisis y administrada con cautela desde que se empezaron a sanear las cuentas. Como en otros ayuntamientos, esas medidas han supuesto un importante adelgazamiento de la plantilla municipal de Sevilla, que debía tener en nómina a 5.412 trabajadores, según la relación recogida en el proyecto de Presupuestos de 2018, publicada en el Boletín Oficial de la provincia (BOP) el pasado 16 de febrero. De ese montante quedan sin cubrir 702 plazas y otras 100 vacantes que no están disponibles . Entre ellos hay 142 puestos de Policía Local y auxiliares que no han salido a oposición, ni otros 73 de bomberos, además de medio centenar de técnicos que tampoco tienen relevo.
El alcalde de la ciudad, Juan Espadas , ha lamentado día tras día esa losa, llegando a pedir ayuda al propio ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido , para que intercediera ante su compañero de partido y de gabinete con el fin de conseguir ese necesario aumento de los agentes policiales. Ahora podrá planteárselo a la nueva ministra, como también podrá solicitarle que le permita destinar una mayor parte del superávit a nuevas inversiones.
No son pocas, ni menores, las actuaciones que el consistorio sevillano tiene aplazadas por la falta de liquidez. La más ambiciosa es la línea 3 del metro, para la que se firmó un principio de acuerdo a tres bandas con la Junta y el Ministerio de Fomento , que se compromete a estudiar las posibilidades. Una parte de esa infraestructura deberá salir de los fondos municipales, así como la ampliación del trazado del Metrocentro , el proyecto estrella de Espadas, que necesitará de una mayor disponibilidad económica para llevar el servicio hasta la estación de Santa Justa.
Pendiente está también la regeneración urbanística de la zona norte de la ciudad, a la que se destinarán los fondos DUSI. Bruselas aportará el 75% del coste total, pero el Ayuntamiento tendrá que asumir el otro 25%. Y, finalmente, todas las iniciativas para avanzar en la estrategia de «smart city» con la plataforma digital de participación ciudadana y el sistema de control de la flota de taxi, ambos de costoso desarrollo.
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