La Policía amplía la investigación del fraude de las peluquerías low cost a fuera de Sevilla
Las pesquisas se centran en 28 centros en los que se habrían reproducido las mismas irregularidades que llevaron a la detención de la cúpula de la cadena sevillana y a otras 32 personas más
La Policía Nacional ha iniciado la segunda fase de la operación que puso patas arriba a la cadena sevillana de peluquerías de bajo coste Low Cost el año pasado, cuando en septiembre fueron detenidas 37 personas , cinco de las cuales las sitúa el Grupo de Fraude Fiscal a la cabeza del organigrama empresarial. Los hechos que se investiga ponen en duda la vertiginosa expansión de esta firma, que en apenas cinco años pasó a tener centenares de salones repartidos por todo el país.
La primera fase se centró en los establecimientos que están dentro de la provincia sevillana y ahora los investigadores han salido de Sevilla y centran sus indagaciones en 28 locales que están siendo objeto de inspecciones, según han confirmado fuentes de la investigación a ABC. En dichas actuaciones participan la Policía, la inspección de Trabajo y la Seguridad Social. Estos organismos son los que reclaman las cantidades presuntamente defraudadas.
El delito que se persigue es el de fraude fiscal . En concreto, el uso ilegal de una fórmula de contratación como es la modalidad formativa o de prácticas para pagar más barato a los trabajadores, aunque no reunieran las condiciones para ejercer como aprendices. Además, esos falsos contratos de formación permitían al empresario la obtención de bonificaciones fiscales y beneficios de cara a la Seguridad Social.
El juzgado de Instrucción 19 toma declaración este martes a los últimos diez franquiciados que habían sido detenidos en la primera fase y aún no habían pasado por el despacho de la juez
Esta cadena, a través de una de sus empresas, también ofrecía la formación a sus empleados por la que recibía subvenciones públicas. Al frente de la firma sevillana está David Llera , un joven vecino de la acaudalada urbanización de Simón Verde, quien admitió ante el juez haber obtenido hasta 1,5 millones de euros de ayudas de este tipo.
Llera es el principal investigado y el único, junto a su supuesta mano derecha, Mar Romero , a los que la juez le ha impuesto algún tipo de medida judicial. En concreto no pueden disponer de su extenso patrimonio de cara a responder a una posible responsabilidad civil. Entre los bienes que están sujetos a esta orden judicial hay coches de lujo como un Maserati , un Aston Martin o fincas.
Según las primeras estimaciones hechas por la Policía, los cabecillas habrían ocasionado un perjuicio a las arcas públicas de unos tres millones de euros ; una cifra que están en plena revisión ya que en ella no se han incorporado aún las conclusiones que se obtengan de esta segunda fase.
La instrucción judicial la dirige el juzgado 19 de Sevilla , cuya titular ha citado para este martes a diez franquiciados que fueron detenidos en la primera fase. Son los únicos que faltaban por prestar declaración de esa parte de la investigación. La Policía los considera partícipes del fraude porque en sus negocios tenían contratado de manera irregular al personal. Sin embargo, estos pequeños empresarios, muchos de los cuales se han organizado en una plataforma de afectados, aseguran que son unas víctimas más de los responsables de la cadena. En concreto, acusan a David Llera de haberlos estafado porque al firmar el contrato de franquiciado tenían que asumir la gestoría y el centro de formación que la franquiciadora les imponía. Por eso aseveran que desconocían el fraude que se cometía con los contratos.
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