TURISMO

El negocio de los pisos turísticos mueve en torno a 26 millones de euros al año en Sevilla

La plataforma de internet, que tiene más de 5.000 anuncios en la capital andaluza, exigirá a todos el alta en el registro de la Junta de Andalucía

Dos turistas en la plaza del Duque de Sevilla ABC

ELENA MARTOS

Las viviendas turísticas, tanto legales como ilegales, reportaron en 2017 nada menos que 26,3 millones de euros a sus propietarios en Sevilla. El generoso montante no es una estimación ni una media extrapolada, es el ingreso que ha realizado Airbnb a los anfitriones —por usar el mismo término con el que este portal se refiere a los arrendatarios—. Sólo para que el lector se pueda hacer una idea, la cifra es superior al volumen de negocio del puerto de Sevilla e incluso está por encima del presupuesto municipal de una ciudad como Osuna, que roza 18.000 habitantes.

Según datos de la propia compañía, cada usuario registrado ganó una media de 2.700 euros el año pasado. El anuncio típico se compartió 34 noches, una media de tres al mes. Con esas cifras, no extraña que alrededor de 383.800 turistas hayan elegido esta alternativa para hospedarse en la ciudad, casi el 15% del total de visitantes que ha recibido Sevilla en los últimos doce meses. En su mayoría son extranjeros, procedentes de Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña , como confirman fuentes de Airbnb, el portal líder para arrendamientos turísticos, que comercializa en torno al 80% de la oferta de la ciudad.

A día de hoy tiene anunciadas 5.013 propiedades en Sevilla , más del doble de las que están reguladas. Precisamente esa falta de control ha contribuido a alimentar la enorme bolsa de alquileres ilegales que viene generando gran malestar en el seno del sector, en las propias comunidades de vecinos y entre los inquilinos tradicionales, que se han visto desplazados por el aumento de precios.

El fenómeno no es nuevo ni mucho menos. Comenzó a despegar 2010 y se ha extendido al calor de un boom turístico que ha multiplicado las visitas hasta encadenar récord tras récord.

Afluencia de visitantes ante la puerta del Real Alcázar JUAN FLORES

Mecanismos de control

Han pasado apenas dos años desde que la Junta de Andalucía creara el registro para ofrecer un marco legal a este movimiento y ahora se suman a esa l abor fiscalizadora las propias plataformas como Airbnb que a partir de mayo exigirá el número de registro a los nuevos propietarios que quieran anunciarse. Igualmente será obligatorio para los que ya están inscritos, que tienen hasta final de año para ponerse al día si quieren seguir apareciendo en este escaparate. También lo empieza a requerir la web Homeaway , que fue la primera en hacerlo y tiene registrados casi 1.500 apartamentos en la ciudad.

Y no es la única medida de control que tendrán que incorporar. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 29 de diciembre un real decreto que obliga a informar a la Agencia Tributaria a partir de julio sobre los propietarios de las viviendas o habitaciones arrendadas, los clientes y el importe pagado. De esta manera, cumplirán con las mismas obligaciones que los hoteles y apartamentos turísticos, que compiten por el mismo mercado.

La patronal hotelera de Sevilla se muestra satisfecha con este nuevo panorama, que contribuirá poner orden en un momento clave para el sector. El presidente del colectivo, Manuel Cornax , recuerda que «este boom de viviendas de uso turístico se debe a la aparición de este tipo de portales, que son una ventana al mundo, hasta ahora sin control alguno».

Cornax deja claro que los establecimientos reglados «no están en contra de la oferta legal, que puede gustar más o menos, sino de la permisibilidad con los que operan al margen de la norma», por eso dice sorprenderle que se haya tardado tanto « cuando de lo que se trataba es de velar por que se cumpliera la ley ».

Colaboración

Igualmente, considera que «los primeros beneficiados por nuevos mecanismos de control son los propietarios que sí están dados de alta» y sufren el rechazo por las malas prácticas de otros. También ellos se han constituido en un colectivo que los representa, la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA) , que preside Carlos Pérez-Lanza . Este portavoz señala que la colaboración de los portales de alquiler supone «un paso más para regularizar el sector», tras mostrar su confianza en que «la Junta encuentre espacio para seguir trabajando y buscando soluciones conjuntas». Pérez-Lanza insiste en la importancia de « evitar judicializar esta industria y los efectos negativos que podría suponer a Andalucía como destino».

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