SEGURIDAD Y TRÁFICO

La Justicia ofrece al aeropuerto acciones legales contra los taxistas tras unos destrozos en los aseos

La instructora pide además información del contrato de alquiler de un local por parte de una asociación del taxi

Parada de taxis del aeropuerto de San Pablo VANESSA GÓMEZ

E. B.

El Juzgado de Instrucción 8 de Sevilla ha pedido a la dirección del aeropuerto de San Pablo que informe del «estado actual» del contrato de alquiler relativo de dependencias ocupadas por la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi , un contrato dado ya por concluido por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena). En paralelo, la juez instructora ofrece a la dirección del aeropuerto la posibilidad de ejercer acciones legales por «los daños» perpetrados recientemente en los aseos de la terminal de llegadas, en la que está situada la parada de taxis que utiliza de forma exclusiva la citada organización gremial.

A través de una providencia fechada el pasado 5 de abril y recogida por E.P., la juez instructora aborda el conflicto del contrato de alquiler gracias al cual Solidaridad Hispalense del Taxi cuenta con unas dependencias en las instalaciones del aeropuerto. En ese sentido, en diciembre de 2017 el aeropuerto formulaba una demanda de desahuci o ante los Juzgados de Primera Instancia de Sevilla, por el supuesto «incumplimiento» de los términos del contrato suscrito en 2010 entre la dirección del aeródromo de San Pablo y esta asociación de taxistas, para el alquiler de este local. Según el aeropuerto, los términos de dicho contrato de alquiler no contemplarían el uso del local para fines como la explotación de un bar, extremo que llevaba a Aena a solicitar la rescisión del mencionado contrato.

A la espera de una resolución judicial derivada de dicha demanda, el 31 de marzo finalizaba según Aena la última prórroga de dicho contrato de 2010. Aunque era posible una nueva prórroga siempre que ambas partes estuviesen de acuerdo, la dirección del aeropuerto remitió un burofax a Solidaridad Hispalense del Taxi comunicando que daba «por terminado» el contrato a la citada fecha. Superada la fecha en cuestión sin que el local haya quedado expedito, el aeropuerto decidía interponer una nueva demanda de desahucio, esta vez por la conclusión del alquiler y siempre para reclamar el desalojo del establecimiento.

En ese contexto, el juzgado que investiga los presuntos ataques y amenazas sufridos en la ciudad por conductores de vehículos de transporte concertado (VTC) e incluso otros taxistas pide en la citada providencia que la dirección del aeropuerto «informe del estado en que se encuentra el contrato de arrendamiento tras la finalización del plazo del mismo y las posibles acciones que se hubiesen entablado ante la situación de precario que en su caso se hallaría» Solidaridad Hispalense del Taxi.

Del mismo modo, la instructora ofrece a la dirección del aeropuerto la posibilidad de «acciones encuadradas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal» con relación a «los daños producidos en los aseos del aeropuerto el 23 de febrero». Según señalaron a E.P. fuentes del caso, durante las semanas previas a la extinción del mencionado contrato de alquiler, los aseos de la terminal de llegadas del aeropuerto han sufrido varios actos vandálicos.

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