Reunión de responsables de la Junta con el presidente de la Audiencia, el juez decano y el fiscal jefe, entre otros
Reunión de responsables de la Junta con el presidente de la Audiencia, el juez decano y el fiscal jefe, entre otros - Vanessa Gómez
Infraestructuras

La Junta de Andalucía da marcha atrás y mantiene los juzgados de violencia de género en la Buhaira

Jueces y fiscales respaldan esta solución ante los problemas de seguridad para la víctima que suponía el traslado al Prado de San Sebastián aprobado por el gobierno de Susana Díaz y cuyas obras de adaptación han supuesto casi 300.000 euros

Sevilla Actualizado: Guardar
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La Junta de Andalucía ha decidido, tras escuchar a los operadores judiciales, frenar el traslado de los cuatro juzgados de violencia de género desde su ubicación actual en el número 31 de la avenida de la Buhaira hasta el edificio judicial que alberga los juzgados de instrucción en el Prado de San Sebastián. El motivo principal es la falta de seguridad y privacidad para la víctima con respecto al presunto agresor.

Este proyecto de traslado, que iba a ser una realidad durante los meses estivales como anunció hace tan sólo unas semanas el propio delegado territorial en Sevilla, Javier Millán, fue aprobado por el anterior gobierno de Susana Díaz y las obras de readaptación en la segunda planta del edificio del Prado para albergar estos cuatro órganos judiciales han supuestos casi 300.000 euros.

El director general de Infraestructuras Judiciales y Sistemas, Miguel Ángel Reyes, y el delegado territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta en Sevilla, Javier Millán, han mantenido una reunión hoy con el presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez, el fiscal jefe, Luis Fernández Arévalo, el juez decano, Francisco Guerrero, la secretaria coordinadora en Sevilla, Felisa Panadero y la fiscal coordinadora de Violencia de Género, Fátima Domínguez, para abordar este asunto.

No redundar en el error

Atendiendo a cuestiones de seguridad, los profesionales del sector advertían de que se podía incurrir en un «grave error» si el traslado de los cuatro juzgados al Prado se hacía sin ejecutar el juzgado de guardia específico, pues había que garantizar el buen funcionamiento y la seguridad de las víctimas en las comunicaciones y traslados. Tener ya el juzgado de guardia específico previo al traslado era materialmente imposible, según ha declarado Miguel Ángel Reyes a los medios este viernes.

Tras esta advertencia, la propuesta que desde el departamento que dirige Juan Marín se iba a trasladar este viernes a los operadores judiciales era paralizar el traslado a la espera de la creación en la planta baja del edificio del Prado de un juzgado de guardia específico para violencia de género que garantizara la protección y seguridad de las víctimas en caso de tener que acudir a la justicia, evitando así que tuvieran que mantener un contacto visual con el supuesto agresor.

Durante el encuentro celebrado hoy los máximos representantes de las carreras Judicial y Fiscal en Sevilla, quienes conocen la realidad del día a día, han trasladado a los altos cargos Justicia de la Junta que el funcionamiento de los juzgados en la Buhaira es correcto, con entradas separadas para víctimas y agresores y los sistemas de seguridad están controlados. Por ello, han optado por mantenerse allí.

Por tanto, la Junta ha reconsiderado su postura tras escuchar al sector y de la reunión, según Reyes, sale que se frena el traslado. Si el gobierno anterior decidió hacer el traslado sin el juzgado de guardia específico en marcha porque lo consideraban adecuado, el sector «nos ha trasladado lo contrario». «Sería redundar en el error la nueva ubicación ycontraproducente».

Ahora, la Junta estudiará qué ubicar en las zonas habilitadas y adaptadas en el edificio del Prado para los cuatro juzgados de guardia que finalmente no van ahí. Hay que tener en cuenta que en el primer trimestre del 2020 entran en funcionamiento tres nuevos órganos judiciales: el Juzgado de Primera Instancia número 30, el Juzgado de lo Social número 12 y el Juzgado de lo Penal número 16. Por lo que hay que valorar una reordenación de los órganos judiciales para darle uso a las nuevas instalaciones ya que los casi 300.000 euros de coste no se pueden desperdiciar.