Caso Marismas
El juez reabre el caso Marismas y cita a dos ex altos cargos de la Junta
La prueba pericial de este fraude millonario está en su fase final y el instructor ha decidido investigar al socialista José Luis Sánchez Teruel
Tras casi dos años de parálisis, la investigación del caso Marismas se ha reabierto. El juez de instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, ha emitido un auto en el que cita como investigadas a cinco personas más , además de las 21 que ya estaban imputadas en la causa, para continuar con las diligencias llevadas a cabo hasta ahora.
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Según el citado auto del pasado 6 de noviembre, al que ha tenido acceso ABC, entre los nuevos investigados hay dos exaltos cargos de la Junta: José Luis Sánchez Teruel , actual secretario de organización del PSOE de Almería y director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Consejería de Agricultura durante las fechas en las que se produjo el fraude para la modernización de las marismas del Guadalquivir; y Salvador Cejudo , entonces jefe de la Oficina de Supervisión y Proyectos de la Dirección General de Desarrollo Sostenible y Medio Rural.
El resto de nuevos investigados son responsables de la empresa Befesa, adjudicataria en segunda instancia del concurso para llevar a cabo las nuevas canalizaciones de los agricultores entre Dos Hermanas y Lebrija, ya que en una primera baremación había ganado una UTE formada por una empresa nacional, Teconsa, y dos de la zona, Meci y Tegner.
Concurso
Esta coalición empresarial presentó la oferta más cara de las doce que concursaron, pero la mesa de contratación cambió los criterios y esta UTE se situó de repente como ganadora. En ella participaban los empresarios locales Manuel Moreno y Antonio Navarro «El Murciano» . Moreno, actual cónsul honorario de Turquía en Sevilla, ha solicitado al juez ahora que archive la causa contra él porque el caso ha prescrito.
En todo caso, el mismo día en que se produjo la adjudicación, alguien de la Junta de Andalucía llamó a los responsables de la mesa de contratación para indicarles que estas sociedades no tenían calificación para optar al concurso y ordenaron repetirlo.
Mientras los peritos aclaran cuánto dinero se desvió, el juez investiga el amaño del concurso
El primer informe pericial estipula que sólo se ejecutó el 70 por ciento de la obra que se facturó
Según las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil, el presidente de los Regantes recibió una llamada esa noche en la que se le instó a dar por ganadora a la UTE Befesa-Alpi , que en la primera baremación había quedado en el puesto número diez. Para evitar el escándalo, a la ganadora se le instó ante notario a aceptar que subcontratara a los empresarios locales si quería hacerse con el concurso.
Varios testigos han asegurado que la persona que dio esas instrucciones podría ser Sánchez Teruel. Y el juez ha decidido citar como investigados tanto a los miembros de Befesa como al socialista para esclarecer estos hechos. Además, ha solicitado toda la documentación sobre las doce empresas que se presentaron , sus ofertas, las puntuaciones que recibieron y el resultado final del concurso.
Desvío de fondos
Esta es una de las dos grandes ramas del caso, ya que además del supuesto amaño del concurso se investiga un desvío de fondos de cuarenta millones de euros . Hay que tener en cuenta que el proyecto de modernización de la margen izquierda del Guadalquivir fue una reclamación de la Comunidad de Regantes para modernizar los sistemas de riego de la zona.
La obra costaba 66 millones y la Junta aprobó en 2005 una subvención de 40 millones de euros con cargo a los fondos europeos , el 60 por ciento del coste total del proyecto. El resto del dinero tendrían que aportarlo los propios agricultores, pero la ayuda se tramitó sin comprobar la capacidad financiera de los regantes, que, según la Fiscalía, no tenían dinero para afrontar el proyecto . Es decir, la Junta licitó el concurso sin tener garantizada la culminación de la obra.
Además, unos días después de la adjudicación, la UTE emitió una certificación de cuatro millones de euros pese a que era imposible que se hubiera gastado ese dinero en apenas unas semanas . Los implicados declararon que la Junta les instó a falsificar las facturas para poder justificar los fondos europeos y no perderlos. El primer peritaje sostiene que sólo el 70 por ciento de las obras que se justificaron se llevaron a cabo. El destino del otro 30 por ciento es desde entonces el nudo gordiano de este escándalo .
