CORRUPCIÓN
El juez de los ERE impone a Mercasevilla el pago de 4,3 millones de fianza
El magistrado José Ignacio Vilaplana, en el auto de apertura de juicio oral, fija en 4,8 millones la cantidad a abonar por Fernando Mellet, Daniel Ponce y Juan Lanzas
E l juez del caso de los ERE ha impuesto el pago de millonarias fianzas a los principales acusados en la pieza de Mercasevilla . Así, la lonja sevillana, como partícipe a título lucrativo y responsable civil subsidiario, tendrá que abon ar 4,3 millones de euros , algo menos que el exdirector Fernando Mellet , el exsubdirector Daniel Ponce o el sindicalista Juan Lanzas , a quienes el instructor ha impuesto el pago de 4,8 millones de euros .
Así lo ha determinado el juez José Ignacio Vilaplana en el auto de apertura de juicio oral contra los once acusados por el ERE de Mercasevilla. Además de Mellet, Ponce o Lanzas , también se sentarán en el banquillo de los acusados Antonio Albarracín y Jesús María Bordallo, exdirectivos de la mediadora Vitalia; o el primer 'intruso' de los ERE, Antonio Garrido Santoyo . Hasta once acusados. También están en la causa Mercasevilla y las empresas Maginae Solutions y Hermes Consulting como responsables civiles subsidiarios.
En dicha resolución, con fecha de 8 de octubre y a la que ha tenido acceso este periódico, el requiere a los acusados para que en el plazo de un día presten, cada uno de ellos, fianza para asegurar las responsabilidades pecuniarias ( multa, responsabilidad civil, costas ) que pudieran declararse una vez juzgados y resultasen condenados.
El juez los apercibe de que, en caso de no abonar dichas cantidades, se les embargarán bienes de su propiedad para asegurar dicha suma. Mellet, Ponce y Lanzas tendrán que pagar 4,8 millones de euros ; Albaracín y Bordallo, 4,3 millones de euros; Francisco José González, 4,4 millones de euros; el resto de los acusados tendrán que afrontar cantidades inferiores.
Mercasevilla, beneficiaria y perjudicada
De otro lado, Mercasevilla, como responsable civil subsidiaria y partícipe a título lucrativo, tendrá que prestar 4,3 millones de fianza. El juez precisa que la pretensión del Ministerio Fiscal de que se decrete la apertura de juicio oral contra Mercasevilla en calidad de partícipe a título lucrativo «debe tener acogida» teniendo en cuenta que, «a consecuencia de las ayudas ilícitas concedidas a Mercasevilla, ésta se habría visto clara y directamente beneficiada al obtener -injustamente- fondos con los que dar cumplimiento a sus obligaciones empresariales y laborales».
Además, el juez vuelve a aclarar, como ya hiciera en el auto de procesamiento, que Mercasevilla reúne la condición de responsable civil subsidiario respecto de los hechos delictivos presuntamente perpetrados por sus empleados, Mellet y Ponce. Y aunque está personada en la causa también como acusación, sólo puede formular acusación por las ilícitas disposiciones de dinero realizadas con fondos de la lonja para pagar a los 'conseguidores', especialmente a Juan Lanzas, a través de testaferros o facturas falsas .
La Fiscalía Anticorrupción , en esta causa, pide siete años de prisión y 18 de inhabilitación absoluta para el conseguidor del caso ERE, Juan Lanzas , y la misma pena para el que fuera director gerente de Mercasevilla desde 2002 hasta 2009, Fernando Mellet .
Los acusa de cometer supuestos delitos continuados de prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos. En esta pieza, pendiente de que la Audiencia Provincial de Sevilla ponga fecha al juicio, Daniel Ponce se enfrenta a seis años y medio de prisión y 18 años de inhabitación absoluta, la misma pena que solicita para Antonio José Albarracín.
Antonio Garrido Santoyo, exsecretario de Política Municipal del PSOE en Baeza (Jaén) , al que su amigo Lanzas lo introdujo como 'intruso' en un ERE presentado por la empresa Mercasevilla con «la connivencia» de sus directivos., es considerado por la Fiscalía como cooperador necesario de un delito de malversación de caudales públicos y solicita para él dos años de prisión y cuatro de inhabilitación absoluta.
El «entramado societario» de Lanzas
Según Anticorrupción, «el acusado Juan Lanzas, en connivencia con los acusados Daniel Ponce y Fernando Mellet, con la finalidad de hacer suya la parte previamente concertada con estos por lograr la financiación por parte de la Consejería de Empleo de la casi totalidad del coste de las prejubilaciones, se sirvió de terceros como fue el acusado Francisco Algarín». Éste, que actuaba como presunto «hombre de paja» del conseguidor, «expidió y cobró facturas por servicios inexistentes a Mercasevilla por orden de Juan Lanzas y del acusado José Rodríguez, que no dudó en utilizar datos fiscales de sus clientes para confeccionar las facturas por servicios inexistentes».
Lanzas, como intermediario ante la Consejería de Empleo, ganaba billetes como «para asar una vaca» –según bromeó su madre– gracias a las suculentas comisiones que cobraba resolviendo los problemas de las empresas que necesitaban reducir sus plantillas.
Para llevar a cabo este plan, creó un «entramado societario» controlado por él mismo en torno a la empresa Maginae Solutions S.L., cuyo administrador único era un pariente suyo, su cuñado Ismael Sierra que, «sin realizar ninguna efectiva prestación de servicios ni entrega de bienes a Mercasevilla, le facturó por los importes que fue fueron recogidos en las declaraciones presentadas a la Agencia Tributaria», según expone en el escrito el Ministerio Público.
Lanzas logró como intermediario en los ERE de Mercasevilla de 2003 y 2007 un total de 492.655 euros. El dinero salía de la ayuda de 6,9 millones de euros con la que el Gobierno socialista de Manuel Chave s financió el ERE de Mercasevilla en 2007. Cuatro años antes, le había concedido a la lonja otra ayuda de 5,6 millones para sufragar más despidos.
En su escrito de acusación, la Junta de Andalucía pide para Lanzas. Mellet, Ponce, José María Bordallo y Francisco José González García, estos dos últimos excomerciales de Vitalia, la imposición de una fianza de responsabilidad civil de 4,21 millones de euros para indemnizar conjunta y solidiariamente a la Administración autonómica como perjudicada por el fraude.
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