Ferrovial cifra en 74.000 euros sus pérdidas en el montaje de la Feria que se investiga

La documentación solicitada por la juez de instrucción número 3 a la empresa Ferrovial acerca de las supuestas irregularidades cometidas por el funcionario municipal Rafael Carretero en el montaje de las ferias de Sevilla de 2014 y 2015 asegura que esta constructora perdía dinero por hacer este trabajo porque el presupuesto del Ayuntamiento que promovía el citado Carretero era inferior al coste real de las obras. Esta era la razón, según la empresa, de que nadie más presentara ofertas en el concurso, ya que se trataría de un proceso deficitario. Ferrovial asegura también que desde hace años ha aceptado esta situación a lo largo de los últimos 20 años por razones estratégicas, puesto que montar la Feria de Sevilla le otorga un prestigio en las labores de construcción de este tipo de infraestructuras efímeras en otras muchas ciudades donde sí es rentable la adjudicación.

Ésta es la versión de Ferrovial tras haber hecho entrega al juzgado de la documentación íntegra relativa al montaje de la Feria de 2014 —expedientes, facturas, certificaciones, albaranes...—, unos papeles que certificarían unas pérdidas exactas de 74.478,56 euros en dicha edición. Los documentos oficiales, a los que ha tenido acceso este periódico, aseguran que el proyecto se presupuestó en 2.037.009 euros y que se certificaron 5.000 euros menos. Es decir, las cuentas se ajustaron a lo previsto. Sin embargo, Ferrovial aporta facturas de gastos por 2.103.113 euros, lo que arroja los citados 74.478 euros de más que supuestamente tuvo que gastar para poder ejecutar todos los trabajos y que la empresa asume como pérdidas a cambio del comentado beneficio estratégico que le reporta.

Concretamente, en las conclusiones del informe pericial de parte que se ha presentado en el juzgado para aclarar este asunto se expone que las obras se desarrollaron desde el 28 de noviembre de 2013 hasta la recepción definitiva el 28 de julio de 2014, día en el que el Ayuntamiento dio por pagadas todas las facturas correspondientes a este expediente. Se hicieron dos certificaciones finales, una por 1.206.125 euros y otra por 822.510 euros. En total, 2.028.635. Pero Ferrovial-Agromán acredita haber invertido en el montaje 2.103.113 euros, por lo que, según defiende el informe, «a la vista de lo detallado y acreditado, resulta que las obras ejecutadas durante el año 2014 correspondientes a los expedientes referidos arrojan un saldo de 74.478 euros por mayor importe de las obras ejecutadas sobre las obras certificadas».

Si esta documentación, que aporta las facturas con sello de entrada en Fiestas Mayores, no puede ser rebatida, Carretero eludiría la responsabilidad que en la investigación se le atribuye por supuesta malversación, ya que se habría demostrado que el coste de la feria para el erario es inferior al real de mercado y, por tanto, no se habría derrochado injustificadamente dinero público. Otra cuestión es la del cohecho, un tipo delictivo que le arroga la denuncia de la Fiscalía por haber sido presuntamente beneficiario a título personal de dádivas y regalías por parte de las empresas adjudicatarias de los concursos de la Feria. El Ministerio Público sostiene que Ferrovial hizo obras en la piscina del funcionario y en otras zonas de su chalet del Aljarafe o que la empresa de seguridad le ponía un coche a él y a su familia durante la feria.

Sin embargo, durante su declaración como testigo ante la juez, el funcionario que destapó este caso con una denuncia ante el interventor municipal, Miguel Ángel Baena, reconoció que la persona de Ferrovial que había declarado ante la Policía para desvelar las supuestas obras realizadas en casa de Carretero era su yerno —«es la pareja de la hija de mi mujer», fue su confesión literal— y que además Ferrovial lo había contratado gracias a su mediación. Por otra parte, admitió que el extrabajador de la empresa de seguros que también contó las irregularidades a la Policía había sido inquilino en un piso suyo sin pagar alquiler. Estas relaciones de amistad y parentesco confesadas por el propio denunciante y las explicaciones técnicas de los letrados de Ferrovial y Carretero sobre los costes reales del montaje llevaron a la juez a suspender el calendario de declaraciones fijado para el pasado mes de julio y a solicitar información oficial sobre el tema. Los papeles acaban de llegar al juzgado, aunque el caso todavía tiene muchas incógnitas abiertas.