Tribunales
La causa judicial por el accidente del A400M: más de un año pendiente del recurso a su archivo
Las familias de los tripulantes fallecidos y heridos recurrieron la decisión del juzgado de Instrucción ante la Audiencia de Sevilla antes del verano de 2018
Más de un año sin novedades. Ésta es la situación en la que se encuentra la causa judicial abierta para depurar las posibles responsabilidades penales en torno al accidente de un avión, modelo Airbus militar A400M , registrado el 9 de mayo de 2015 en las inmediaciones del aeropuerto de Sevilla y en el que, como consecuencia del impacto de la aeronave contra el suelo y la posterior explosión, murieron cuatro de los tripulantes y dos resultaron heridos de gravedad.
La magistrada María José Moreno, la titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla , en un auto con fecha de 2 de abril de 2018, acordó el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas en su día para investigar lo sucedido en torno al mediodía del sábado 9 de mayo de hace ahora cuatro años.
Consideró entonces que n o existían indicios para continuar la acción penal, aunque admitía en el auto que el accidente se produjo por «una concatenación de causas» pero ninguna de ellas con «suficiente» entidad para atribuir responsabilidades penales. Sin embargo, la instructora recoge en el citado auto que se producen «múltiples fallos» por parte de Airbus y de Europe International (EPI).
Esta resolución de la juez instructora fue recurrida en reforma ante el mismo órgano judicial por los abogados que defienden los intereses de los perjudicados.
La decisión de dar carpetazo al asunto contó con el apoyo de la Fiscalía y de las representaciones procesales de Airbus, la aseguradora de la compañía y EPI. El Ministerio Público, entonces, consideraba que no había una imprudencia relevante a efectos penales de los operarios y de la tripulación del Airbus en el accidente.
Los herederos de las víctimas y los dos supervivientes en sus respectivos recursos, además, solicitaban la práctica de nuevas diligencias que no se habían realizado hasta el momento y que consideraban necesarias para determinar la posible responsabilidad penal de los distintos actores implicados en este terrible accidente aéreo en la capital andaluza.
Pero la juez instructora no se movió un centímetro de su decisión y en un auto de 20 de junio volvió a decretar el sobreseimiento y archivo de la causa , rechazando, al mismo tiempo, llevar a cabo más pruebas, como así lo pedían los afectados.
Sobrecarga judicial
Esto no hizo que desvanecieran las fuerzas en las familias de las víctimas y los abogados que defienden sus intereses volvieron a recurrir el archivo de las diligencias abiertas por este accidente. Antes del verano de 2018 presentaron los recursos de apelación ante la Audiencia de Sevilla, recayendo en reparto en la Sección Séptima de la misma, la Sección con más carga de trabajo de las cuatro que componen la Audiencia sevillana y con níveles de asuntos pendientes, según la memoria de 2018 publicada por el tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Las alegaciones de los abogados de los afectados están desde hace meses en la mesa del magistrado encargado de estudiar el caso y de dictar la resolución que ha de dar salida a este dilema judicial.
El Ministerio Público, Airbus, la aseguradora y EPI tampoco han cambiado su criterio y han i mpugnado los recursos de apelación interpuestos por los afectados.
Y así se lleva más de un año sin que se haya tomado una decisión al respecto, ya sea el archivo definitivo de la causa judicial o la reapertura de la misma para seguir investigando y depurar responsabilidades por la muerte de cuatro personas y las heridas de gravedad que sufrieron otros dos tripulantes. Además, tendrá que decidir si se practican las diligencias planteadas por las familias de las víctimas y por los heridos para dar luz sobre lo que ocurrió aquel 9 del mes de mayo de 2015.
En el accidente registrado en el entorno del aeropuerto de San Pablo durante un vuelo de prueba del A400M perdieron la vida el piloto, Jaime de Gandarillas; el copiloto, Manuel Regueiro; y los ingenieros Gabriel García Prieto y Jesualdo Martínez. Los que corrieron mejor suerte fueron los tripulantes José Luis de Augusto y Joaquín Muñoz Anaya.
La vía civil en «stand by»
En el auto de 2 de abril de 2018, en el que la juez de Instrucción número 13 de Sevilla decretaba el sobreseimiento provisional de las diligencias, emplazaba a las víctimas a acudir a la jurisdicción civil para reclamar las indemnizaciones económicas que estimaran oportunas.
Sin embargo, las familias están ahora mismo «atadas de pies y manos» , pues el retraso que acumula hasta la fecha la resolución de la causa en la vía penal también afecta indirectamente a la vía civil, pues mientras no se cierre la causa por la jurisdicción penal que en estos momentos está en un despacho de la Sección Séptima, los herederos de los fallecidos y los heridos no pueden iniciar sus demandas para reclamar una indemnización .
Noticias relacionadas
