Caso Marismas: El socialista Sánchez Teruel va dos horas antes al juzgado para eludir el paseíllo
El parlamentario estaba citado a las once y se ha presentado sobre las nueve; se le han leído sus derechos como investigado y se ha marchado, evitando así la presencia de abogados de las otras partes y que fuera captado por los reporteros gráficos
José Luis Sánchez Teruel, parlamentario del PSOE y miembro del núcleo duro de la anterior líder de los socialistas andaluces, Susana Díaz , estaba citado como investigado este miércoles en el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla en el caso Marismas por el supuesto desvío de más de 40 millones de fondos europeos destinados a la modernización de las marismas del Guadalquivir situadas entre los municipios de Dos Hermanas y Lebrija. El dirigente socialista estaba citado a las once horas, pero se ha presentado en el despacho del juez sobre las nueve de la mañana para evitar así la presencia de los abogados de las otras partes y ser captado por los reporteros gráficos, eludiendo así el paseíllo a la puerta de los juzgados.
A petición de las acusaciones del PP y de la Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir, el juez Juan Gutiérrez Casillas citó para este miércoles como parte investigada a Sánchez Teruel, que es aforado por su condición de parlamentario , a fin de que fuera instruido debidamente de sus derechos, ejerciera su derecho de defensa, tener acceso a la instrucción de la causa y prestar declaración «voluntaria» para esclarecer los hechos , extremo que el político socialista no ha hecho.
Su paso por el juzgado ha sido un visto y no visto. Se le ha instruido de sus derechos y se ha marchado. Ahora se abren dos vías: Sánchez Teruel puede declarar voluntariamente ante el juez instructor para esclarecer los hechos o, de no hacerlo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lo llamará para ser interrogado al ser aforado.
Más de 40 millones en subvenciones
Esta causa, según el propio juez instructor, tiene su origen en la resolución dictada por el Instituto Andaluz de Reforma Agraria del 13 de octubre de 2004 en la cuál se aprobaba el proyecto de modernización interesado por la Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir y en el que se concedía una subvención de 40.119.944 euros con un presupuesto de inversión subvencionable aceptado y con un plazo de ejecución de obras de 42 meses .
El objeto de investigación de la causa se centran en la posible existencia de incumplimientos de los requisitos de la subvención resuelta por la autoridad administrativa, la posible irregularidad en la adjudicación de obras , las irregularidades posibles en sucesivas certificaciones de obras y el fin del dinero público destinado a obras de modernización en territorios del Bajo Guadalquivir interesada por la Comunidad de Regantes.
Y cuando sucedieron estos hechos, el socialista Sánchez Teruel era director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural perteneciente a la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía. Como consecuencia de las funciones de su cargo, según el juez, el dirigente del PSOE «podría, ya sea por acción u omisión, haber tenido algún tipo de responsabilidad en los hechos de investigación», que pueden ser constitutivos de un delito de malversación y de prevaricación, así como de otros delitos de falsedad, negociación prohibida a los funcionarios públicos o tráfico de influencias.
La Fiscalía y la Guardia Civil
Sobre el papel de Sánchez Teruel, la Fiscalía sostiene que el que fuera director general de Regadíos de la Junta desempeñó una labor «que es necesario esclarecer» en el posible amaño del concurso que organizó la Junta de Andalucía para modernizar las infraestructuras de regadíos.
Para el Ministerio Público, «existen elementos que permiten atribuir» al que fuera director general de Regadíos «cierta participación en los hechos» y recuerda que desde la Comunidad de Regantes de las Marismas del Guadalquivir declararon que « se recibieron presiones » por parte del hoy diputado socialista «para elegir cierta unión temporal de empresas (UTE) bajo la amenaza de no poder llegar a concluir la obra».
Por su parte, la Guardia Civil sostiene que la Junta de Andalucía presionó para amañar el concurso que adjudicó el proyecto a la empresa Befesa e indujo a que las certificaciones se inflaran con el objeto de que no se perdieran los fondos europeos. El primer gerente de la UTE que realizó las obras declaró a los agentes que se pagaron casi nueve millones de euros en una primera certificación sin que se hubiera puesto un solo ladrillo . «Se realizó una operación para enmascarar tres millones de euros en una certificación, metiendo 1,5 como acopio de materiales y el resto como avales», todo ello siguiendo las instrucciones de Sánchez Teruel, manifestó este testigo.
Noticias relacionadas
