Se buscan familias de acogida en Sevilla para 400 menores tutelados

En Sevilla hay actualmente 400 menores tutelados por la Junta de Andalucía que esperan en centros especiales a que una familia los acoja. Los datos, facilitados por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, suponen cerca del 35 por ciento de los de 1.153 que en Sevilla están tutelados por el Ejecutivo andaluz y que en toda Andalucía se elevan hasta 5.400.

Entre eso 400 chicos y chicas que esperan una familia hay de todas las edades: 280 son menores de 15 años pero hay 120 que tienen 16 y 17 años y que son los que entrañan más dificultad para encontrar donde encajarlos ya que, como aseguran desde Igualdad, la mayoría de las familias que se apuntan a estos programas buscan menores más pequeños.

De entre los que tienen menos de 15 años hay un grupo de seis niños que tienen entre 0 y 3 años y otros 16 con edades de entre 4 y 6 años. Según la Junta de Andalucía, la causa de que no hayan encontrado de momento familias de acogida es que son niños con necesidades especiales; forman parte de un grupo de hermanos a los que no se suele separar o tienen alguna discapacidad que hace más difícil encontrar donde encajarlos.

Cada año el Ejecutivo andaluz asume la tutela de entre 130 y 140 nuevos menores, una cifra que no suele variar mucho anualmente. Pero, ¿por qué tiene que asumir la Junta de Andalucía esa función que corresponde a los padres? Normalmente no es sólo una causa. Sino que confluyen varias: abandono, maltrato físico, explotación, mendicidad... Aunque la mayoría de aquellos casos en los que la Junta de Andalucía tiene que intervenir es cuando los menores han llegado a una situación de abandono tal que sus padres no atienden sus necesidades básicas.

«Suele ocurrir cuando los padres son alcohólicos o sufren algún tipo de adicción», dicen desde la Junta, haciendo hincapié en que es muy raro que sea sólo por una causa, ya que confluyen un conjunto de factores. Y en cuanto a los casos graves de maltrato, como el reciente del bebé que murió hace unos días, no se da con frecuencia. Son casos excepcionales «muy llamativos y dolorosos» pero raros.

Normalmente los servicios sociales de cada localidad son los que detectan cuando hay una situación de riesgo. En los colegios, en los centros de salud o los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado forman parte de la red de vigilancia que alerta cuando detecta un menor que está siendo víctima de abandono. El Sistema de Información del Maltrato Infantil (Simia) es la herramienta de la que se vale la Administración para que los profesionales que detecten una de estas situaciones la pongan en comunicación con los servicios sociales locales o, en su caso, con la delegación de la Junta de Andalucía. En ese caso, en función de la gravedad y, tras una primera valoración, se actúa.

Lo primero que se intenta es corregir la situación de riesgo en el medio familiar. O lo que es lo mismo, que los menores no tengan que ser separados de sus padres. Para ello existen equipos de tratamiento familiar que ofrecen apoyo para que esas situaciones no se prolonguen y puedan seguir con la familia biológica.

Si no logran su objetivo, interviene la Junta de Andalucía, que tiene previstas varias modalidades de acogimiento familiar en función del caso y de la familia acogedora. El primero es el «acogimiento de urgencia», que suele aplicarse para niños muy pequeños que se declaran en desamparo y se trata de una situación que está limitada a seis meses.

Luego está el «acogimiento temporal», pensado para que los menores estén con una familia mientras se hace el proceso de intervención y tratamiento porque la Junta ha estimado que la familia se puede recuperar y volver a quedarse con el niño. Se trata de una figura que puede durar hasta un año, el tiempo para actuar con los padres.

Y finalmente existe el «acogimiento permanente», que suele ser por un periodo más largo y para los que se tiende a que sean personas de la familia extensa los que se hagan cargo de los menores. Es decir, que se queden con los abuelos o los tíos. Suele formalizarse y no tiene normalmente fecha de caducidad.

En cuanto al perfil del niño o niña que suele ser tutelado, la Junta de Andalucía asegura que, si hace quince años existía claramente un tipo de menores en esos centros, sobre todo procedentes de familias vulnerables económicamente, actualmente eso ha variado. Los hay que proceden de familias desestructuradas pero también otros de familias normalizadas y un porcentaje significativo de niños procedentes de la inmigración.

«No hay un retrato robot, hay distintos perfiles de distintas realidades sociales», dice el Gobierno andaluz, que afirma que no declara en desamparo a un menor por cuestiones económicas sino que actúa porque existe un problema.

En cuanto a las familias que no pueden asumir la tutela por falta de solvencia económica para ello, la Junta de Andalucía también lo tiene previsto con un programa de guarda, aunque cada vez se llega menos a esa situación. Sólo hay en toda Andalucía 30 menores en esa situación porque sus padres no pueden hacerse cargo de ellos.