Consumo y salud pública

El Ayuntamiento de Sevilla tiene únicamente 40 inspectores para salud alimentaria

Tanto los inspectores veterinarios como los empleados del laboratorio trabajan en coordinación con la Junta de Andalucía, que carece de un centro de referencia en la provincia

Laboratorio municipal de Sevilla, en María Auxiliadora Juan Flores

Eduardo Barba

La crisis desatada este verano en Sevilla por el brote de listeriosis y la contaminación de la carne mechada procedente de la empresa Magrudis ha puesto sobre la mesa las carencias y dificultades que los servicios de inspección sanitaria en la cadena alimentaria por parte de las administraciones públicas. En especial, han resultado señalados los del Ayuntamiento de la capital andaluza, que, como ocurre en otras grandes ciudades, tiene ciertas competencias en la materia y, sobre todo, un laboratorio propio. Que en el caso de la listeria fue el que actuó en primera instancia. Las limitaciones de personal, en este sentido, lastran de manera evidente los resultados del control en la cadena alimentaria y sanitaria. De hecho, son apenas 40 los inspectores que dependen del Ayuntamiento para ejercer ese trabajo en una ciudad que roza los 700.000 habitantes y que, además, realizan también trabajos para toda la provincia e incluso para otras provincias andaluzas merced a acuerdos con la propia Junta de Andalucía . El número, como parece evidente, resulta deficitario para dar una cobertura suficiente en Sevilla, si bien el marco competencial municipal es, en realidad bastante escaso en términos teóricos, no incluyéndose en sus «dominios» los establecimientos alimentarios. En la práctica, eso sí, desarrolla más trabajos que los que estrictamente le corresponden.

De la esfera municipal penden en la capital hispalense hasta tres grupos de profesionales dedicados a la inspección, análisis y control sanitario o alimentario. El primero de ellos es el de los inspectores de consumo, que, desde el Área de Consumo , se encarga —como en todos los ayuntamientos— del control en dicha materia, aunque en el denominado «consumo finalista» , no en la fase previa no en la cadena alimentaria en sí. Simplemente ejercen la vigilancia sobre la calidad y las condiciones de lo que ofrecen los establecimientos a sus clientes, no del proceso previo. Casi la mitad de sus actas se refieren, de hecho, a las deficiencias encontradas en los bares. Cuenta con un total de catorce inspectores y, pese al escaso número, afronta cada año el importante reto de la Feria de Abril, una concentración mayúscula de personas consumiendo donde la vigilancia sobre los productos para evitar intoxicaciones ha de ser extrema. Ayuda la enorme condensación espacial en este caso, pero no deja de ser un gran desafío anual para esta área, como ocurre en menor medida con la Semana Santa. Todo ello debe ser controlado por un equipo de catorce personas.

Por otra parte, dentro de la citada Área de Consumo, la Administración local cuenta también con un cuerpo de inspectores veterinarios merced a un reglamento que data de los años 50. Este grupo de inspectores veterinarios tiene en estos momentos trece profesionales asignados a Consumo (ciudades como Málaga tienen, por ejemplo a siete). Este segundo equipo sí realiza inspecciones y controles de salud pública de establecimientos alimentarios, pero lo hace en coordinación con la Consejería de Salud. Los veterinarios municipales asignados a Consumo, de esta forma, trabajan como complemento de las labores de la Junta, que ostenta esa competencia.

Sólo al consumidor final

En este punto, debe destacarse que el ámbito de actuación se ciñe, según las normas reguladoras, a «aquellos establecimientos alimentarios y sus empresas titulares en el supuesto de que exclusivamente manipulen, transformen, envasen, almacenen o sirvan alimentos para su venta o entrega in situ al consumidor final o a colectividades». Esos son los establecimientos que deben inscribirse en el registro que controlan estas áreas de las administraciones públicas. La primera autorización y la revisión inicial de un establecimiento la realiza la Consejería de Salud y la inspección posterior es la que realiza el equipo de veterinarios del Ayuntamiento.

Además, existe un tercer pilar en este grupo de profesionales dependientes del Ayuntamiento que controlan la salud pública, el del laboratorio municipal , en María Auxiliadora, del que partieron las primeras alertas por listeriosis en la carne mechada en agosto. Este equipo está formado por doce personas y, aparte de analizar las muestras que se entregan desde Consumo, realiza una estrecha colaboración con la Junta de Andalucía, que carece de un laboratorio de referencia en la provincia sevillana y echa mano del municipal. Esto motivó, de hecho, el convenio suscrito en 2015 con el Ayuntamiento sevillano (con el popular Juan Ignacio Zoido como alcalde) con el Ejecutivo regional para completar las competencias autonómicas en materia de salud. Este convenio tuvo una vigencia de dos años y se prolongó por u año más, hasta 2018, pero se da la llamativa circunstancia de que en 2019 no se ha renovado este acuerdo de colaboración entre las dos administraciones. Pese a ello, el Ayuntamiento ha seguido realizando análisis y manteniendo la línea de colaboración con Salud a pesar de carecer de dichas competencias específicas. Precisamente por ello, en virtud de aquel convenio no renovado, la Junta remitió este verano las primeras muestras de carne mechada intoxicada tomadas. Por eso, además, se han ejecutado todas las pruebas en este laboratorio del Ayuntamiento. Ocurre exactamente lo mismo con los comedores escolares, pese a estar también fuera de competencias municipales.

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