El Ayuntamiento de Sevilla gasta tres millones al año en notificar por correo las multas

Las sanciones de la Agencia Tributaria local generan en Sevilla capital un movimiento económico de enorme envergadura, desde las multas de tráfico hasta las sanciones por cuestiones de licencias, permisos urbanísticos o de salud pública. Tanto es así que el Ayuntamiento hispalense se gasta al año casi tres millones de euros simplemente en las notificaciones por correo que realiza. Así queda reflejado en la memoria justificativa del contrato de este servicio, a la que ABC ha tenido acceso, y que cubre un periodo de dos años.

Este contrato administrativo de servicios engloba los citados veinticuatro meses y tiene un importe de 5,8 millones de euros , con el IVA incluido, para cubrir los años 2020 y 2021 , si bien se señala también la opción de poder prorrogarlo otros dos años más hasta plantarse en los 11,6 millones de euros. Como reza la documentación del mismo, se trata de cubrir los «servicios postales de recogida, admisión, clasificación, entrega, tratamiento, curso, transporte y distribución de los servicios urbanos e interurbanos de cartas certificadas y notificaciones emitidas por la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla , así como las prestaciones complementarias de estos servicios hasta el año 2021, incluyéndose la suscripción de apartados postales».

El Ayuntamiento describe que al hablar de los envíos certificados se alude a «las notificaciones que practica la Agencia Tributaria a los contribuyentes» con los «actos y resoluciones de la Administración» para asegurarse de que el afectado conozca esos actos y decisiones administrativas que le atañen. En ese sentido, la memoria recuerda la jurisprudencia al respecto y las «mayores garantías en las notificaciones» para concluir que, por ello, se justifica que este servicio lo desarrolle Correos (la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A.); «por motivos de reserva legal y razones organizativas» derivadas de la propia labor notificadora y de los mismos detalles legales. Se indica en la memoria justificativa que «las notificaciones practicadas por Correos y Telégrafos gozan, sobre las realizadas por otros operadores postales, de una presunción de validez que les otorga un grado mayor del cumplimiento » de los pormenores que marcan las leyes de procedimientos administrativos. Esas leyes dan un valor superior a las notificaciones certificadas, de ahí que se elija el procedimiento negociado («absolutamente ajustado a derecho» en este caso) para adjudicar a la sociedad estatal el servicio y no se saque a concurso ni se abra a competencia alguna en el sector.

De esta forma, el Ayuntamiento completa esa adjudicación por 5,8 millones de euros para veinticuatro meses, si bien se matiza en el texto que, «al tratarse de un contrato plurianual , deberá someterse en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la adjudicación del contrato a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del mismo en los ejercicios 2020 y 2021». En este punto, cabe recordar que la Administración local carece de presupuestos este año, al no haberse llegado a acuerdo mayoritario del pleno antes de las elecciones municipales de mayo y no tener el gobierno local socialista mayoría suficiente para sacarlos adelante en solitario, con lo que los que ya se empiezan a negociar son los del año próximo teniendo en cuenta la altura del año. Para acabar el ejercicio con cierta solvencia, los grupos políticos acordaron en julio la solicitud de un crédito extraordinario de 23 millones de euros para afrontar las inversiones de 2019 con una mínima solvencia.

La cantidad del contrato de servicios para las notificaciones de la Agencia Tributaria resulta alta a primera vista, pero basta con repasar las cifras que el Ayuntamiento sevillano recauda por multas, por ejemplo, para entender que está bastante ajustada. Los ingresos por ese concepto son altísimos cada ejercicio. Así, los últimos presupuestos que salieron adelante (los de 2018) estipulaban unos ingresos de algo más de 26 millones por multas de tráfico y 1,6 por otro tipo de sanciones, mientras que por recargos e intereses de demora se tenía previsto ingresar casi 15 millones . Eso supone una media de 60 euros por habitante al año, nada menos. En cuanto a la retirada de vehículos con la grúa, las previsiones anuales del Ayuntamiento suelen estar en torno a los dos millones, si bien suelen quedarse un poco por debajo en los últimos años.