Aprueban «por la cara» a una alumna sevillana de bachillerato que hizo un examen «desastroso»

En los pasillos y despachos de los institutos andaluces les llaman «aprobados de despacho» o «por la cara» y los casos suman y siguen. Una alumna de segundo de Bachillerato del IES Federico Mayor Zaragoza podrá presentarse a Selectividad tras lograr que la Delegación de Educación de Sevilla corrigiera el criterio del profesor del centro y le subiera tres puntos en la nota de su examen final de Geografía.

El profesor que evaluó la prueba advirtió en las respuestas de la alumna «errores gordos» y cosas «desastrosas», «falsas» y «absurdas», lo que no impidió que la Delegación, desautorizando el criterio docente, modificara la nota. En su resolución confunde, además, los estudios que cursaba la alumna, pues habla de un «módulo» de FP cuando se trataba de un examen de segundo de Bachillerato.

Los responsables de la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) opinan que esta confusión delata «un uso abusivo del corta y pega que utiliza la Delegación de Educación para aprobar por norma estas reclamaciones».

«Por desgracia, esta forma de desautorizar a un profesor, a un departamento y a un claustro de profesores desde un despacho de la Junta de Andalucía no es un caso único sino una tendencia que se inició hace varios años y que no deja de crecer», asegura Javier Puerto, vicepresidente de APIA y docente en el instituto Virgen del Castillo de Lebrija.

Según esta asociación docente, en este caso se ha actuado desde los despachos de la Junta de forma «harto irregular», pues pese a tratarse de una reclamación relacionada con una calificación final de la convocatoria extraordinaria de septiembre, en la que no rige la evaluación continua y que depende únicamente del contenido del examen, «se argumentaron actuaciones que nada tenían que ver con dicho examen» para subirle la nota un 150 por ciento y pasar del 2 al 5 que le permitirá presentarse a Selectividad en junio.

Otros casos

Otros casos muy llamativos se dieron tiempo atrás en el instituto Los Álamos de Bormujos, donde una alumna con cinco suspensos en cuarto de ESO logró que la Delegación de Educación le aprobara las cinco asignaturas, en contra del criterio unánime del claustro de profesores. Otra chica del colegio Aljarafe, que no había pasado del 2 en sus exámenes de Filosofía, Latín e Inglés de segundo de Bachillerato, logró exactamente lo mismo.

Directivos docentes del colegio Aljarafe atribuyen estas actuaciones al «deseo político de la Junta de «maquillar las cifras del fracaso escolar, llevado al límite del absurdo, pues se agarran a supuestos defectos de forma para aprobar incluso exámenes de apenas dos líneas».

La profusión normativa de los últimos años respecto a la evaluación del rendimiento académico podría estar sirviendo de coartada para que la Administración educativa mejore en un despacho las notas que ponen los profesores. «Se agarran a lo que sea, incluso a que en la pregunta del examen no se especifique la puntuación que conlleva y les da igual si el examen está en blanco. Y lo peor es que lo aprueban», comentan desde este colegio.

El resultado ha sido, según comentan a ABC desde éste y otros centros, que «muchos profesores dediquen más tiempo a estudiar una normativa absurda y arbitraria de la evaluación continua que a preparar bien sus clases: «Lo lógico sería confiar en el criterio del profesor, pero no lo hacen». En el colegio Aljarafe la chica a la que aprobaron sus tres asignaturas en un despacho pudo examinarse de Selectividad e incluso entrar en la universidad. Y profesores universitarios comentan que en el primer curso de algunas carreras el nivel es tan bajo que tienen que repasar cosas básicas del bachillerato. «Es una consecuencia de lo que está ocurriendo en los institutos», afirma Puerto.

El padre que patalea lo logra

Aunque las cifras de la Junta hablan sólo de un 30 por ciento de reclamaciones estimadas (se estimaron 51 de las 156 que se presentaron el pasado curso en Sevilla), en varios colegios discrepan de las estadísticas oficiales. «Estamos preocupados y el ambiente es que la reclamación prospera en el 99 por ciento de los casos, aunque el alumno no llegue ni de lejos a los mínimos exigibles. El padre que patalea en Delegación sabe que suele lograr el aprobado», dicen directivos docentes del colegio Aljarafe.

Si un alumno presenta una reclamación de su nota, por ejemplo, en Matemáticas, el departamento de esa asignatura se reúne y analiza la reclamación y decide si puede o no subir la nota «aunque lo normal es que nos encontremos con reclamaciones que se hacen sobre exámenes casi en blanco y lo normal es que se rechacen estas reclamaciones», comenta Puerto.

El alumno puede reclamar entonces en segunda instancia a la Comisión Provincial de Reclamaciones de la Delegación de Educación. «En Sevilla llevamos años pidiendo información sobre la composición de esta comisión y nadie nos dice nada. Es un misterio. Sospechamos que es un inspector que convoca a cuatro o cinco profesores o directores de confianza a los que les dice: ¡Oye a esto tenemos que darle salida! Y en el 99 por ciento de los casos se les aprueba», asegura Javier Derrac, coordinador jurídico de APIA, que añade que, «además, estas comisiones de reclamaciones son alegales o ilegales, puesto que no existe decreto alguno que haya procedido a su creación, pese a que así lo obliga la propia normativa de la Junta sobre órganos de carácter decisorio.

«Al margen de la legalidad, de hecho son sanedrines controlados de una forma férrea por las delegaciones territoriales y cuyo único objetivo parece ser la desautorización sistemática del profesorado, aprobando a alumnos previamente suspendidos por su profesor y el departamento correspondiente», añade.

Aprobar un examen en blanco, o casi, parecer ser, no obstante, el último recurso. Según Javier Puerto, «antes se intenta presionar a los profesores para que suavicen sus exigencias». La visita de los inspectores de la Junta es temida en muchos institutos sevillanos. «Existe una gran presión sobre los claustros de profesores por parte de la Administración educativa. Se nos exige que subamos las notas y que haya un determinado porcentaje de aprobados —dice este docente de Lebrija—, y es la inspección la que se encarga de ejercer esa presión reuniéndose con el equipo directivo y diciéndoles que hay que cambiar las normas de las programaciones de cada departamento para que haya más aprobados».

Yañade:«Yo lo he visto en mi instituto. Hay que aprobar y si la nota depende en un 80 por ciento del examen y el 20 por ciento restante de trabajos y actitud, pues entonces el inspector dice que esto no puede ser y baja al 50 por ciento el peso del examen y sube al 50 el de los trabajos y la actitud, que son ser menos duros para el alumno».

Exámenes en blanco

Alicia Muñiz, que se jubiló el verano pasado tras 41 años de profesora en el instituto Fernando de Herrera, que dirigió durante los últimos 27, aseguraba en una entrevista publicada en ABC el pasado verano que «uno de los problemas que uno de los grandes problemas del sistema educativo andaluz es la injerencia de la Administración.

Y lo explicaba así: «Los profesores le llamamos “aprobado de despacho”. Los padres tienen derecho a reclamar una revisión de la calificación, pero lo que no está bien es que la Delegación de Educación, sin tener en cuenta los exámenes del alumno ni su trabajo a lo largo del curso, busque defectos burocráticos para justificar una corrección de sus notas. No debería ser una cuestión de papeles, sino de si el niño sabe o no sabe». Y añadía: «Se ha aprobado a alumnos que han dejado los exámenes en blanco o que ni siquiera se presentaron, porque no sé qué papel faltaba en el plan de centro o en la comisión tal».

Muñiz se lamentaba de que «había tenido que aprobar a alumnos que no se lo merecían», y afirmaba que «a ningún profesor de ningún centro le gusta suspender y lee y relee el examen y los trabajos antes de tomar esa decisión. Lo que queremos todos los profesores es que los alumnos aprendan y sepan y que la nota refleje su esfuerzo, pero todos los años hemos tenido que aprobar a alumnos que no se lo merecían. Y eso nos rebela a todos los profesores. Es una cuestión sangrante».

No todos los directores pueden hablar con la libertad con la que se expresó Muñiz a ABC porque temen ser objeto de represalias; o que los inspectores les inunden de tareas burocráticas y les hagan la vida imposible.