Ayuntamiento
El alcalde de Sevilla, el gran aliado de sus compañeros de partido en los juzgados
Juan Espadas ordena la retirada del Ayuntamiento de los casos Mercasevilla, Fitonovo, Fundación DeSevilla y el amaño de la Policía Local, donde serán procesados miembros del PSOE, de IU y de los sindicatos
La corrupción de la era «Monteseirín-Torrijos» que vieron los juzgados de Sevilla no la ve Juan Espadas . A pesar de que el Ayuntamiento es el principal damnificado por los presuntos desvíos de dinero público que se produjeron en aquella época, el actual alcalde socialista ha ido ordenando su retirada como acusación particular de todos los sumarios, lo que ha ido aclarando el futuro de todos los compañeros de su partido y de IU que estaban imputados.
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Los casos Mercasevilla, Fitonovo, Fundación DeSevilla o del amaño de las oposiciones de la Policía Local, entre otros, han ido perdiendo consistencia en los juzgados gracias a la inacción municipal, que dio un pendulazo sorprendente tras el cambio de gobierno. De hecho, durante el mandato de Juan Ignacio Zoido fue el propio Ayuntamiento el que denunció algunos de estos desmanes que han sentado en el banquillo a algunos de los referentes políticos de aquel tiempo. Pero Espadas ha optado por echar un cable a sus compañeros y mirar para otro lado. El alcalde se escuda en informes del secretario municipal para retirarse de los procesos, pero detrás hay una clara determinación política.
Mercasevilla: no recurrió
Tras una larga instrucción en la que la juez Mercedes Alaya sentó en el banquillo a varios cargos políticos por el concurso de venta de los suelos de Mercasevilla, sobre los que caía la sospecha de un posible amaño, todo acabó en absolución. Fueron procesados antiguos ediles como el socialista Gonzalo Crespo -además de otros cargos socialistas como Domingo Enrique Castaño- o el comunista Antonio Rodrigo Torrijos. Pero cuando se celebró el juicio ya era alcalde Juan Espadas.
El papel del Ayuntamiento durante las sesiones fue muy liviano, pero la decisión más polémica llegó cuando tras la absolución de todos los procesados por falta de pruebas, el alcalde decidió no recurrir la sentencia. El consejo de administración del mercado central tuvo que debatir sobre la interposición de un recurso a esta sentencia, ya que había sido la propia Mercasevilla la denunciante en todo el proceso. La sociedad estatal Mercasa , que tiene el 49 por ciento de las acciones, se abstuvo, mientras que el resto de miembros, todos ellos del gobierno socialista, ya que el representante del PP no asistió, votaron a favor de desisitirse e incluso pidieron que se restaurase el honor de los inculpados.
Delito societario: no acusa
El juicio contra los 14 acusados por el delito societario de Mercasevilla comenzará en enero de 2019, fecha fijada de manera provisional por la Audiencia Provincial. En él se juzgará al exdirector general de la lonja, Fernando Mellet, como principal responsable de la supuesta falsificación de las cuentas. Pero el principal encausado ha pedido que testifiquen Monteseirín y Torrijos, lo que generará gran repercusión mediática. La juez María Núñez Bolaños impuso una fianza de 590.000 euros a Mellet, para quien la Fiscalía pide 24 años de cárcel y 40 años de inhabilitación por cuatro delitos de malversación, uno de prevaricación y otro de falsedad en documento mercantil en relación con un supuesto perjuicio causado a la sociedad que ascendería a 449.164,74 euros. Sin embargo, el Ayuntamiento no ha formulado acusación y participará en el juicio como mero espectador.
Fundación DeSevilla: sólo un imputado
A pesar de que el juez instructor entiende que en la Fundación DeSevilla se pudieron cometer hasta ocho delitos en la época en la que este organismo estuvo en manos de IU para enviar subvenciones de cooperación al desarrollo a otros países, el Ayuntamiento se desistió de continuar como acusación y, finalmente, la causa se archivó contra Antonio Rodrigo Torrijos y sólo ha seguido contra el gerente, Miguel López Adán. La Fiscalía llegó a decir que esta Fundación se usó para «fines particulares o partidistas» , ya que desapareció un millón de euros del erario que supuestamente había ido a parar a proyectos de cooperación en países comunistas como Cuba o Nicaragua.
Tras realizar un seguimiento al destino de estas ayudas se descubrió que varias de ellas ya habían sido ejecutadas por otros organismos, por lo que era imposible que se hubiese usado el dinero procedente de Sevilla. De hecho, la Fundación no pudo justificar los proyectos a pesar de que había presentado facturas que luego tuvo que retirar y que la Guardia Civil consideró falsas. Torrijos había sido señalado por el juez porque el dinero había salido de su Delegación y no se hizo el seguimiento oportuno de los fondos. Pero tras apartarse el Ayuntamiento de esta causa, el caso se desinfó y sólo se sentará en el banquillo el que fuera gerente.
Fitonovo: un fraude millonario
Las mordidas que pagaba la empresa sevillana Fitonovo a responsables políticos y funcionarios para obtener a cambio contratos de la Administración sentará en el banquillo a 66 personas, 17 de ellas relacionadas directamente con el Ayuntamiento de Sevilla, donde serán procesados cuatro exconcejales de tres partidos distintos y varios asesores políticos .
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que se hizo cargo del caso cuando la juez Mercedes Alaya descubrió que la trama no sólo se daba en Sevilla, sino en otras muchas provincias de España, ha hecho cinco piezas separadas del llamado caso Madeja o Fitonovo sobre la adjudicación irregular de contratos públicos a esta empresa a cambio de sobornos. En la pieza dedicada al Ayuntamiento de Sevilla, el juez ha propuesto procesar por delitos de prevaricación, cohecho, fraude a las administraciones públicas, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias a 19 personas.
Por el PSOE irán el exconcejal Manuel Gómez Lobo, por la adjudicación de juegos infantiles a cambio de dádivas; el asesor Domingo Enrique Castaño junto con su esposa, a quienes se les imputan unas comisiones que suman 303.458 euros; el exedil popular Joaquín Peña por el macrocontrato adjudicado a la empresa investigada; los comunistas Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García por el cobro de 155.000 euros a cambio de adjudicaciones como la rehabilitación de un pabellón deportivo o la ejecución de once pistas de césped artificial; y el asesor de IU Antonio Miguel Ruiz, que según el auto fue quien le requirió al empresario el pago de las comisiones «para la campaña electoral» de 2011, produciéndose un primer abono de 70.000 euros «en una caja de zapatos» el 30 de marzo de 2010 y otro de 85.000 euros el 18 de febrero de 2011. Entre los hechos investigados se incluyen obras por parte de la empresa en la sede del PSOE de la Macarena. Pero a pesar de estas evidencias, el Ayuntamiento no seguirá como acusación para reivindicar que se restaure el daño sufrido. Espadas ha decidido marcharse del caso.
Oposiciones de Policía: sindicalistas implicados
Otro de los casos llamativos en los que el alcalde de Sevilla ha decidido inhibirse es el del presunto amaño de las oposiciones a la Policía Local en 2012. Este asunto fue denunciado por el propio Ayuntamiento siendo alcalde Zoido y sienta estos días en el banquillo a 44 personas por la supuesta filtración del examen. Entre los afectados hay varios miembros del sindicato de Policía y Espadas ha decidido ponerse de perfil.
Falsificación de sellos: larga instrucción
La postura de hacer la vista gorda con la corrupción comenzó con un caso que, tras una larga instrucción, quedó en nada: la falsificación de sellos judiciales por parte de varios policías locales para cobrar las dietas de asistencia a juicios. La Fiscalía pidió que se les condenara, pero el Ayuntamento renunció a realizar escrito de acusación. Desde entonces, no es la Justicia la que se ha puesto una venda en los ojos, sino Juan Espadas.
