La juez Alaya prorroga de nuevo el secreto de sumario de la operación «Madeja»

La juez Mercedes Alaya ha prorrogado nuevamente, y ya es la decimoquinta vez, el secreto de sumario que pesa desde julio de 2013 sobre la denominada operación «Madeja», en la que se investiga si el exdirector del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y exasesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño, entre otros, pudo recibir dádivas a cambio de la concesión de contratos de mantenimiento a las empresas Fitonovo y Fiverde.

Fuentes del caso han informado de que, después de que el pasado mes de mayo acordara levantar de manera parcial el secreto en lo relacionado únicamente con Castaño y su esposa, la abogada Ana María Vaquero, la magistrada ha notificado este martes un auto a las partes en el que prorroga nuevamente por espacio de un mes el secreto de sumario que pesa sobre el resto de la investigación.

Cabe recordar que, tras levantarse parcialmente el secreto respecto a los dos imputados aludidos, se conoció un atestado en el que la Guardia Civil cifraba en 411.215,56 euros el incremento patrimonial no justificado entre los años 2005 y 2012 de Domingo Enrique Castaño y su mujer y consideraba que «parte de dicho incremento patrimonial podría provenir de ingresos opacos sin justificar y cuyo origen podría ser ilícito».

En este atestado, al que ha tenido acceso Europa Press, la Guardia Civil asevera que los imputados «podrían haber visto incrementado su patrimonio de forma considerable y sin justificación aparente en relación con los ingresos que legítimamente han recibido por su trabajo, actividades económicas y rendimientos del capital».

De este modo, la diferencia entre el patrimonio inicial a fecha 1 de enero de 2005, que asciende a 243.811,53 euros, y el patrimonio final a 1 de enero de 2012, por valor de 1.055.208,21 euros, es de 811.396,68 euros, todo ello a pesar de que los ingresos justificables ascienden «sólo» a 531.209,83 euros.

«Este hecho es ya de por sí llamativo, puesto que a simple vista el incremento patrimonial sería superior a los ingresos justificados del matrimonio, a los que habría que restar los adeudos por recibos domiciliados, pagos con tarjetas e intereses de préstamos hipotecarios», que ascienden «al menos» a 131.028,71 euros, una diferencia que da como resultado unos ingresos justificables de 400.181,12 euros.

Según los agentes, esto último «pone de manifiesto un desfase de 411.215,56 euros» entre el incremento patrimonial y los ingresos una vez deducidos los gastos mencionados», lo cual «explica por qué el balance de las cuentas corrientes no se sostenía solamente con los ingresos justificados, lo que ha llevado al matrimonio a inyectar en el sistema bancario las cantidades de dinero en efectivo a las que se hace referencia y a realizar numerosas compras en efectivo».

La Guardia Civil precisa, además, que en las cuentas bancarias del matrimonio «se observan 233.306,83 euros en ingresos en efectivo que no proceden de cargos anteriores en otras cuentas propias, a los que hay que sumar compras realizadas en efectivo por importe de 390.785,83 euros, lo que hace un total de 624.092,66 euros sin justificar».