Editorial

Financiación con incógnitas

El decreto para pagar las facturas de los ayuntamientos requiere mayor precisión

Actualizado: Guardar
Enviar noticia por correo electrónico

El Gobierno aprobó ayer un decreto-ley para posibilitar la creación de un mecanismo de financiación que permita a las entidades locales pagar las facturas pendientes. A tal fin, los ayuntamientos tendrán que presentar el listado de sus deudas contraídas hasta el fin de 2011 antes del 15 de marzo, tendrán preferencia en el pago aquellos acreedores que realicen una quita -una clara injusticia que afectará a los contratistas y proveedores-, y los cobros se realizarán a partir de mayo de los bancos con los que las entidades locales habrán contraído previamente créditos con aval del Estado, gracias a la autorización 'temporal y puntual' que otorga el citado decreto ley ya que la legislación vigente no permite que la Administración Central garantice operaciones de esta naturaleza. Por otra parte, las empresas y autónomos que sufran impagos de las comunidades autónomas deberán aguardar algo más, hasta que el asunto sea debatido en el Consejo de Política Fiscal. El anuncio de que se pondría en marcha esta vasta operación de liquidación de deuda del sector público al sector privado, que podría alcanzar hasta el 5% del PIB -50.000 millones de euros-, había levantado muchas ilusiones, que de momento continúan sin concretarse, a falta de la debida aclaración. La idea es imaginativa y va en la buena dirección ya que la morosidad de las administraciones ha causado perjuicios a menudo irreversibles a empresas y autónomos, pero el anuncio oficial de lo acordado ayer deja muchas incógnitas en el aire. De hecho, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría se limitó a anunciar que la Comisión Delegada se encargará de poner en pie este instrumento financiero, lo más sencillo posible, y no aclaró si se materializará el consorcio bancario, con participación del ICO, ni si se aplicará la Ley de Morosidad que obliga a las instituciones a pagar intereses de demora después de los 60 días, ni siquiera hizo mención del alcance cuantitativo de la operación que se planea. Todo indica que el anuncio de esta plausible iniciativa se ha hecho prematuramente, antes de someterla a un examen reposado y de planear sus líneas maestras, pero ahora hay que consumar y concretar la propuesta porque sería trágico que se frustrasen algunas de las expectativas creadas.