Cuestión de dignidad

La sucesión de resoluciones municipales que van prohibiendo el uso del burka y del niqab en las instalaciones dependientes del respectivo ayuntamiento ha suscitado un debate que el Estado democrático no puede soslayar con el argumento de que se trata de unos pocos casos. Aunque se esgriman razones de seguridad, parece evidente que el problema atañe al cumplimiento de un mandato o de una interpretación religiosa que se confunde con una costumbre cultural o tribal y viceversa. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, anunció ayer que la futura Ley Orgánica de Libertad Religiosa abordará la cuestión, y aunque no quiso adelantar en qué términos lo hará, sí expresó su posición contraria a la utilización del velo integral en el espacio público, también «por razones de dignidad». Se trata de una cuestión delicada, que puede afectar a convicciones íntimas y sobre lo que las instituciones deben dialogar profusamente con las comunidades en las que el uso del burka y del niqab pudiera arraigar, aunque en la actualidad constituya una manifestación residual. Pero el diálogo no puede servir de excusa para que el Legislativo posponga sine die una regulación general al respecto. Significados representantes de la comunidad musulmana en España negaron ayer que el velo integral atente contra la dignidad de las mujeres que lo usan. El hecho de que sean muy pocas las que lo emplean en nuestro país contribuye a que se perciba como un acto voluntario. Pero para admitir que el uso del burka y del niqab son manifestaciones de la libertad personal, y en ningún caso contrarias a la misma, el argumento debería ser aplicable también en Afganistán o en el seno del salafismo saudí, por poner dos ejemplos. El Estado democrático debe prevenir el mal mayor, cual es la imposición cultural o religiosa de un atuendo que objetivamente incapacita a la mujer que lo lleva para relacionarse normalmente con el resto de la ciudadanía y, sobre todo, para reconocerse a sí misma como persona ante la mirada de los demás. Debe hacerlo a riesgo de violentar alguna profunda convicción que, en todo caso, se situaría al margen de toda razón. La reserva de que una prohibición general del uso del velo integral en el espacio público obligaría a algunas mujeres a no salir de su casa queda invalidada porque demostraría, precisamente, que se trata de una prenda impuesta.