Aído consigue los apoyos suficientes para que la Ley del Aborto salve su primer trámite parlamentario

La Ley del Aborto ha superado su primer trámite y comienza ahora su andadura parlamentaria. El Congreso de los Diputados ha rechazado, con el voto de 183 diputados de ocho partidos, las enmiendas para devolver al Gobierno el Proyecto de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que establece el aborto libre hasta la semana 14 de gestación y permite a las chicas de 16 años decidir al respecto, sin contar con la opinión de los padres.

El texto, que modificará la legislación vigente desde 1985 y que debería ser compatible con la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional, considera el aborto como un "derecho" de las mujeres, lo que conlleva la consiguiente derogación de este delito del Código Penal.

Las enmiendas de totalidad presentadas por el PP, por ocho de los diez diputados de CiU (cuatro de Uniò y cuatro de Convergencia) y por los representantes de UPyD y UPN, que a su vez recibieron el apoyo de los dos diputados de Coalición Canaria, sumaron 162 apoyos, pero han sido rechazadas con los votos del PSOE, PNV, ERC, BNG, IU, ICV, Na-Bai y un diputado de Convergencia (CDC-CiU). La única persona que se ha abstenido ha sido la diputada Mercè Pigem (CDC-CiU).

Posible cambio del punto más polémico

Durante el debate, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha asegurado que a lo largo de la tramitación de la Ley del Aborto se intentará "encontrar un punto de equilibrio" entre las posiciones de los grupos parlamentarios sobre la posibilidad de que las menores de 16 años aborten sin consultar a sus padres "en aras del mayor consenso posible". Aído ha abierto así la puerta a modificar uno de los puntos más conflictivo de la propuesta de Ley de Salud y Reproducción Sexual que hoy ha comenzado su tramitación parlamentaria con el debate de las enmiendas a la totalidad.

La ministra, que ha tomado la palabra al inicio del debate, ha explicado que la decisión de equiparar el aborto al resto de las intervenciones quirúrgicas que establecen la mayoría de edad para decidir en los 16 años, el Gobierno ha querido "proteger la salud de la jóvenes y evitar a toda costa la clandestinidad e inseguridad que pueda ponerlas en riesgo". La titular de Igualdad ha concluido su intervención asegurando que el proyecto de ley ha sido "demandado en su origen, meditado en su elaboración y equilibrado en sus términos alejado de dogmatismos e imposiciones morales".

Argumentos a favor y en contra

Tras la intervención inicial de la ministra han defendido sus posturas los grupos parlamentarios. Quienes lo han hecho con más vehemencia han sido los portavoces del PP y ERC. La 'popular' Sandra Moneo ha acusado al Gobierno de querer "imponer un sistema de aborto libre en contra de la voluntad mayoritaria de la sociedad". Al Ejecutivo le ha recomendado que "en vez de trazar el camino hacia el aborto" a las mujeres "les ofrezcan el apoyo necesario". "Apuesten por la vida y por la maternidad, todo lo contrario que hace su proyecto de ley", sec lamentaba.

De opinión contraria ha sido el republicano Joan Tadá, que ha pedido al PSOE "que no se deje acomplejar" por la "beligerancia del PP y de la jerarquía de la Iglesia", que "amenazan a mi madre con la excomulgación". "Es patético", decía, "como corresponde al patetismo de los ciudadanos Rouco y Camino", que la Iglesia "no asuma el desarrollo el pensamiento social". Tardá ha criticado a los socialistas por no "atreverse a poner a la Iglesia católica en el lugar que le corresponde en una sociedad del siglo XXI".

Recomiendan informar a los padres

Antes de llegar al Congreso, la iniciativa pasó primero por el Comité de Bioética de España (CBE), que respaldó el proyecto gubernamental, pero pidió que se incluyera la recomendación de informar a los padres de las menores. El proyecto ha recogido las recomendaciones de la Comisión de Expertos convocada por el Ministerio de Igualdad así como las conclusiones de una comisión parlamentaria que se creó para recabar opiniones sobre el nuevo sistema de plazos.

El texto ha llegado a la Cámara Baja sin contar con un informe del Consejo General del Poder Judicial y con la opinión desfavorable del Consejo Fiscal. Los informes de estos dos órganos son de carácter meramente consultivo y su objetivo es aconsejar al Gobierno en la fase de elaboración de las leyes. El desacuerdo en esta ocasión llegó al punto de que el CGPJ decidiera, por primera vez en 29 años, no emitir un dictamen sobre esta reforma legislativa. En el Consejo Fiscal también se pusieron de relieve las discrepancias, pero finalmente prosperó un texto, por un sólo voto, que considera inconstitucionales algunos artículos. No obstante, ambos órganos consultivos han coincidido en defender la conveniencia de que los padres de una menor que vaya a abortar deban ser consultados.

"Pecado público"

Desde la Iglesia católica, el secretario de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, ha advertido a los políticos creyentes de que si apoyan la nueva Ley del Aborto están en "pecado público" y no podrán comulgar. En contra de esta ley se han pronunciado en la calle las organizaciones pro-vida, que celebraron una multitudinaria manifestación el pasado 17 de octubre bajo el lema 'Cada vida importa'. Su objetivo era pedir la paralización de la liberalización del aborto.

Én la víspera de la votación en el Congreso, más de un centenar de académicos, doscientos juristas y unos 2.500 científicos en defensa del derecho a vivir pidieron a los partidos políticos que dieran libertad de voto a los parlamentarios ante este controvertido asunto. En una rueda de prensa, los firmantes del Manifiesto de Académicos, el Manifiesto de Juristas y la Declaración de Madrid, tres documentos contrarios al aborto, apelaban a la "conciencia" de los diputados.