Jaque a los mayores

Después de toda una vida trabajando y entregada a los demás, cuidando e incluso a veces manteniendo a hijos y nietos, las personas mayores merecen recoger sus frutos. La Ley de Dependencia que nació con el objetivo de cubrir las necesidades básicas de los ancianos, ve como se tambalean sus cimientos por los recortes de la administración andaluza en materia de Bienestar Social.

Las residencias de ancianos concertadas han levantado la voz para mostrar su preocupación por los retrasos que sufren en los pagos por parte de la Junta de Andalucía. Su viabilidad cada vez es más difícil. Cada día resulta más complicado acceder a una plaza, bien en una residencia o en un centro de día, pues aseguran que en la Consejería de Salud y Bienestar Social hay cientos de expedientes amontonados mientras las personas mayores dependientes se encuentran desatendidas y privadas de un derecho subjetivo y universal.

Hasta un año tienen que esperar algunos ancianos, desde que inician los trámites para acceder a un centro de estancia diurna, es valorado por el Sistema de Atención a la Dependencia, obtiene el grado y nivel como dependiente y se le asigna una plaza. Todo un calvario que tienen que pasar los miembros de uno de los sectores de la población más vulnerable. Pero lo peor de todo es que, tal y como denuncian desde los centros concertados, existen numerosas plazas vacantes en la provincia que no se cubren porque el sistema está paralizado.

Entre tanto, todas las partes están haciendo un esfuerzo para que los mayores no salgan perjudicados. Desde las empresas tratan de adecuarse a la situación actual de las familias, ajustando los precios para mantener las plazas cubiertas con personas a las que no les llega con lo que cobran de pensión. En otros casos las familias aportan la diferencia. Mientras tanto, la Junta reconoce el retraso en los pagos pero culpa, como siempre, al Gobierno Central de sus incumplimientos.