Otro revés para los profesionales de la justicia

El reconocimiento por parte del mayor representante de la Junta de Andalucía en Cádiz, Fernando López Gil, de que ni hay ni habrá Ciudad de la Justicia en la capital no viene si no a confirmar lo que era una evidencia. La Junta no tiene dinero para llevar a cabo el proyecto, al que desde hace años ya se le vienen dando 'largas', aunque nunca nadie había reconocido abiertamente que la idea queda aparcada hasta que lleguen tiempos mejores.

Más allá de que estemos ante un nuevo incumplimiento del ejecutivo andaluz -hace más de once años que presentó a bombo y platillo este proyecto-, el problema sin duda lo tienen tanto los usuarios como los profesionales de la Justicia.

Una capital de provincia como Cádiz no puede tener desperdigadas por toda la ciudad las dependencias judiciales, desde la Audiencia Provincial en la Cuesta de las Calesas, pasando por los juzgados de San José o los de los bajos del estadio Ramón de Carranza. Se trata de una absoluta negligencia por parte de los responsables políticos encargados de dotar a la justicia de unas infraestructuras e instalaciones medianamente operativas, que faciliten la agilidad en el desempeño de su labor en lugar de entorpecerla aún más.

Sin duda, este que acaba no ha sido un buen año tampoco para los profesionales del Derecho en general y para los de la provincia en particular. A la 'ley de tasas' que les ha movilizado en contra del gobierno, se une las reducciones salariales en el caso de los funcionarios o la deuda de más de dos millones y medio de euros que la Consejería de Justicia mantiene con los abogados de oficio. Trabas y más trabas para un poder, el judicial, que debe ocuparse de demasiados contratiempos en lugar de centrar todos sus esfuerzos en que imparta justicia.