Una relación marcada por el desencuentro

A pesar de que en 2006 el Gobierno y la Conferencia Episcopal Española (CEE) acordaron un nuevo sistema de financiación para la Iglesia católica, las críticas de los obispos a leyes como la del matrimonio homosexual, la Educación para la Ciudadanía, el divorcio rápido o la clonación terapéutica, fueron la tónica de la legislatura pasada.

Uno de los mayores enfrentamientos tuvo lugar en diciembre del año pasado, con la multitudinaria concentración celebrada en Madrid bajo el lema "Por la familia cristiana". Ese día, el cardenal Agustín García-Gasco advirtió de que los ataques a la familia cristiana conducían "a la disolución de la democracia", y el cardenal Rouco -entonces todavía no era presidente de la CEE- denunció que leyes como la del matrimonio homosexual hacían retroceder la Declaración de Derechos Humanos.

Zapatero les advirtió de que "nadie puede imponer ni fe, ni moral, ni costumbres, sólo el respeto a las leyes, pero diferenció el pronunciamiento de los dos cardenales y las palabras "sensatas" del entonces presidente de la Confederación Episcopal, Ricardo Blázquez, que pidió a los obispos que no miraran a derecha e izquierda para resolver los problemas.

Después, en plena precampaña electoral llegó la nota de la Conferencia Episcopal con motivo de las elecciones generales del 9 de marzo, que aludía al terrorismo subrayando que una sociedad justa no puede aceptar a una organización terrorista como interlocutor político. En ese clima Zapatero se reunió con el nuncio del Vaticano en España, Manuel Monteiro de Castro, un encuentro para normalizar las relaciones y que concluyó con "la mejor predisposición al diálogo" por ambas partes.

Revisión de la Ley de Libertad Religiosa

El 4 de marzo los obispos votaron y Rouco salió elegido presidente de la CEE en sustitución de Blázquez, por dos votos de diferencia; Zapatero le felicitó ese mismo día y le trasladó su voluntad de diálogo y colaboración.

Tras su segunda victoria electoral, Zapatero avanzó la intención del Gobierno de revisar la Ley Orgánica de Libertad Religiosa (LOLR) en esta legislatura. Con esta iniciativa, el Ejecutivo quiere propugnar un trato más igualitario entre todas las confesiones religiosas, aunque ha subrayado que no está entre sus planes la revisión de los acuerdos con la Santa Sede.

Lo que sí se ha acordado en el reciente 37 Congreso Federal ha sido potenciar una mayor laicidad en la vida pública y la desaparición progresiva de los crucifijos y otros símbolos religiosos en los edificios públicos. No obstante, la dirección socialista dejó claro que esta supresión se hará al ritmo que marque la sociedad, y no con normas ni decretos prohibitivos. Además, el Congreso del PSOE decidió en el último momento no pedir el fin de los funerales de Estado católicos, puesto que no hay una liturgia laica alternativa.

Aborto y eutanasia

Por otro lado, el Congreso socialista sí reclamó avances hacia la laicidad en otras políticas que previsiblemente serán de interés común para Zapatero y el presidente de la Conferencia Episcopal. Por un lado, el PSOE pidió una reforma de la ley del aborto con la vista puesta en una ley que combine plazos y supuestos, y fue mucho más allá de lo que propugnó unos meses antes en su programa electoral, en el que sólo proponía una reflexión para ver si era necesario, con todo el consenso, modificar la ley.

Además, los socialistas pidieron una regulación de los cuidados paliativos y el testamento vital de los enfermos. No propugnaron la eutanasia, pero el texto que aprobaron sí decía que en los próximos años "la sociedad española debería abrir el debate hacia la posible regulación legal del derecho de los pacientes afectados por determinadas enfermedades terminales o invalidantes a solicitar de los profesionales una intervención más activa" para "garantizar su derecho a una muerte digna".