Escalada de violencia en la provincia

Los representantes sindicales reconocen sin tapujos que no pueden controlar los efectos de las protestas laborales que tienen lugar en la provincia. Se ha pasado de la concentración pacífica o silenciosa a la batalla campal. El conflicto de Delphi abrió la caja de los truenos hace unos meses. Las protestas por sorpresa, los cortes de tráfico y los sabotajes a las infraestructuras ferroviarias han terminado por ser un clásico entre las acciones de este colectivo que, como dice el refrán, «despúes de perdidos al río». Se trata de un contingente de parados que lleva seis años esperando una solución y exigiendo a la Junta que cumpla con lo pactado en el protocolo. La respuesta no llega y, mientras tanto, las necesidades aprietan. Más de 600 padres de familia están a punto de quedarse sin ingresos. Esta situación ha provocado que cualquier acción en la calle sea una bomba de relojería que no se sabe en qué momento puede explosionar. No son los únicos. La amenaza de desmantelamiento que se cierne sobre los astilleros de la Bahía ha creado un caldo de cultivo en Cádiz que puede acabar en tragedia. Cualquier manifestación ya conlleva una carga policial. Navantia ha anunciado un drástico plan de ajuste para reducir gastos y los primeros efectos de esta medida se verán en la industria auxiliar. La compañía prescinde de sus servicios externos para que sus trabajadores, ante la inactividad que arrastran las plantas, asuman las tareas de mantenimiento, limpieza y electricidad, entre otras. La presencia del sector naval en la calle, concretamente cortando el puente Carranza, es sinónimo de violencia. La descomposición del tejido productivo de la provincia ha multiplicado la crispación y, por tanto, las acciones en la calle.