Racionalizar la administración

Hoy publica este periódico un informe sobre la urgente reestructuración administrativa que prepara el Gobierno para racionalizar y redistribuir las competencias que incumben a comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos, tratando de llevar finalmente a término la segunda y siempre aplazada descentralización, que ha de afectar al escalón local, ineficiente y mal dotado de recursos. Grecia e Italia han procedido a la concentración de municipios para recortar gasto público, pero en España, aunque el Gobierno estima que más de la mitad de los 8.117 municipios españoles son económicamente inviables, existe una arraigada cultura municipalista que hace impensable la reducción arbitraria de entes locales. Además, pese a ciertos informes que aseguran grandes ahorros, el Consejo de Europa no halla pruebas de que la fusión de corporaciones locales reduzca costes, por lo que el gobierno optará por el asociacionismo municipal, por la potenciación del papel de las diputaciones y por la fusión de ayuntamientos con carácter voluntario. En nuestro modelo, los ayuntamientos ostentan menos competencias que lo que es usual en Estados descentralizados, aunque asumen numerosas competencias impropias que hasta ahora se financiaban mediante operaciones de suelo o de endeudamiento. El Gobierno pretende, en fin, reordenar las competencias, acotando las impropias -del 20 al 25% del presupuesto según la FEMP-, e incrementando la autonomía financiera de los ayuntamientos. En esta tarea, el Ejecutivo tendrá que imponerse a la resistencia segura de las comunidades autónomas, que se opondrán a ceder poder y presupuesto a los ayuntamientos, aunque sin duda este debería ser el objetivo: el escalón municipal es el que más directamente afecta al bienestar de los ciudadanos y donde debe hacerse por tanto más pedagogía democrática. El caso de las diputaciones municipales es diferente, ya que en el contexto actual, la función de estas instituciones requiere un replanteamiento en profundidad. Inevitablemente, esta necesaria e ineludible reestructuración administrativa redundará también en una reducción de las prestaciones, al menos hasta que pase la crisis. Habrá que reducir abusos y que administrar con más rigor los recursos disponibles, que no son ilimitados aunque a veces, en la ficticia opulencia de antaño, pudiera haber llegado a parecerlo.