Obligaciones apremiantes

El Banco Central Europeo confirmó ayer la anunciada subida de los tipos de interés situando el precio del dinero en el previsto 1,25%. La medida respondería a los riesgos de que la inflación se haga crónica por encima del 2% fijado para estabilizar los precios en la zona euro a causa de los 'efectos de segunda ronda', que podrían trasladar el mayor coste de las materias primas tanto a los productos finales como a los salarios. Pero desde que se apuntara tal movimiento por parte de Jean Claude Trichet era evidente que sus consecuencias subrayarían el desigual ritmo de recuperación que viven las economías europeas. Es cierto que la decisión de ayer había sido recogida ya en la subida del Euribor, y que dejar de lado una política monetaria que el propio Trichet calificó de «acomodaticia» puede resultar aleccionador para que la ciudadanía en general valore el precio del dinero y actúe con responsabilidad. Pero la mera hipótesis de que se sucedan dos nuevas subidas de tipos durante el presente ejercicio no solo conducirá al retraimiento del consumo privado en un país en el que la mayor parte de las hipotecas son de tipo variable. Será también difícil que el teórico aumento de los márgenes con los que operarían las entidades crediticias compense el incremento inducido de la morosidad y su mayor renuencia a la concesión de créditos. Trichet volvió a recurrir a su lenguaje críptico, por lo que no sabemos si se refería a España cuando advirtió de que «algunos con situaciones determinadas van a tener que trabajar más duro». Pero se mostró más explícito al señalar que las reformas emprendidas por nuestro país ya han sido «anticipadas por el mercado». En otras palabras, tras el rescate de Portugal España está aún más obligada a responder al compromiso adquirido, con ajustes presupuestarios que contengan el déficit público, culminando una reordenación del sistema financiero que garantice la solvencia de las entidades resultantes, y promoviendo la sujeción de los salarios a criterios de productividad. Un emplazamiento que ni Rodríguez Zapatero ni su partido pueden eludir en el tramo final de la legislatura, y que interpela también a quienes aspiran a sucederles en el Gobierno.