Cazadores en vilo

La caza es uno de los principales recursos económicos sostenibles y en auge de la España rural, además de contribuir decisivamente al mantenimiento de los equilibrios medioambientales. En la actualidad están en activo más de un millón de licencias en un sector que genera 3.000 millones de euros anuales y 36.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos. Parecería, pues, lógico que los poderes públicos protegiesen y alentasen esta actividad gracias a la cual se ha detenido el despoblamiento de comarcas enteras. Ante la alarma de la Federación de Caza, el Gobierno ha decidido aplazar hasta después de las elecciones un proyecto de reglamento de Armas que obliga a los cazadores a cambiar innecesariamente de hábitos e introduce mayor intervención y burocracia a la tenencia de armas. El proyecto prevé la prohibición de algunas clases de armas y la reducción del número que puede poseer cada cazador, dificulta las miras telescópicas, se eliminan las subastas de armas que efectúa la Guardia Civil y que permite la adquisición de estas a precios módicos, se retrasa la edad en que los adolescentes pueden comenzar a ir al campo, etc. En suma, este Gobierno, tan dado a regular y a intervenir, planea entorpecer sin necesidad algo más que un deporte.