Penas de hasta 14 años para la organización de narcos que corrompió a trabajadores del puerto de Algeciras

Fue toda una operación de limpieza. En 2009 eran detenidos 13 trabajadores del puerto de Algeciras por estar a sueldo de un grupo de narcotraficantes. Habían sido reclutados para que facilitaran la entrada de cocaína mediante cargamentos pequeños ocultos en contenedores. La connivencia entre traficantes y personal de puntos logísticos importantes a escala internacional como la dársena algecireña o incluso con miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no era nueva, pero la ‘operación Espuela’ puso encima de la mesa cómo una organización local, con base en Los Caños, había sido capaz de reclutar a cuadrillas de empleados de empresas auxiliares de limpieza y seguridad que operan dentro del gigante portuario. Ahora la Audiencia acaba de dictar sentencia, imponiendo penas severas de hasta 14 años de cárcel y multa de 24 millones de euros.

La sentencia dictada por la Sección Tercera ha sido notificada a las partes. El tribunal considera probado que 21 de los 25 procesados conformaron una organización criminal que puso en su punto de mira el puerto de Algeciras, uno de los que tienen un mayor tráfico de contenedores a nivel mundial. Los magistrados los responsabilizan de siete alijos de cocaína cometidos entre mayo y diciembre de 2009. El método empleado era el denominado gancho perdido, que consiste en introducir el cargamento en un contenedor escondido entre mercancía lícita y cuando llega a puerto, es retirado por un miembro de la organización que debe abrir el contenedor y enmascarar esta operación, colocando de nuevo el precinto que cierra sus puertas.

El equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de Cádiz consiguió interceptar cuatro de esos envíos, interceptando unos 200 kilos de cocaína. Por abrir esta vía de entrada de droga, la Sección Tercera condena a 21 de los acusados a penas que van desde los catorce a los siete años y medio. El tribunal aplica dos agravantes como la notoria cantidad de la sustancia intervenida y su pertenencia a una banda organizada criminal para elevar las penas.

En la cúpula de la banda, la Audiencia confirma que estaban Luis María A. R., vecino de la Línea y con contactos internacionales para cerrar los tratos con los narcos proveedores de la droga; Eleuterio G. M., vecino de Algeciras, quien tenía la infraestructura para sacar los alijos del puerto y José David L. Z., de Algeciras y jefe de la cuadrilla que operó dentro del puerto y el responsable de buscar personal dispuesto a entrar en el negocio. Según las investigaciones, los trabajadores cobraban unos 15.000 euros por cada envío de droga que se cerraba de forma exitosa. A uno de los condenados, los agentes le encontraron en su casa más de 30.000 euros en metálico.

Las multas impuestas a cada uno de los sentenciados suman cientos de millones de euros; unas sanciones económicas testimoniales porque nunca se saldan. Así el tribunal ha aceptado la petición formulada por la Fiscalía Antidroga y ordena decomisar todos los bienes intervenidos durante la operación, como vehículos y teléfonos móviles, para hacer frente a esas responsabilidades pecuniarias.

Otras cuatro personas han sido absueltas por falta de pruebas que desvirtúen su presunción de inocencia. Se trata de tres trabajadores acusados de estar en nómina de los traficantes y un empresario de Los Caños. Para la Guardia Civil, este último es una figura clave en esta operación y en otras diligencias judiciales que se instruyen sobre una red que introducía droga por el puerto de Cádiz. La Fiscalía acusaba a este empresario de haber servido de intermediario entre los propietarios de la droga y las redes que alquilan sus servicios para introducir los cargamentos por la costa de Cádiz. Para los magistrados no está acreditado que esta persona, imputada en otro procedimiento, «llegara a ningún acuerdo para poner su infraestructura al servicio de los otros procesados».

En la lista de personas que acabaron procesados al concluir la instrucción del‘caso Espuela’ aparecen dos nombres más, que habrían elevado el número de acusados sentados en el banquillo a 27. Uno de ellos, Nicolás P. S. fue exonerado ya que se encuentra afectado por una grave enfermedad; mientras que el otro imputado que no ha podido ser juzgado es un ciudadano gibraltareño que se encuentra en paradero desconocido.

El juicio se celebró entre marzo y mayo en una sala del edificio de la Cuesta de las Calesas que se quedó pequeña dado el número elevado de acusados, sus respectivos abogados y familiares. Las defensas trataron sin éxito de anular el procedimiento apelando a argumentos recurrentes en las causas de narcotráfico como la nulidad de las escuchas telefónicas (pruebas esenciales en este tipo de asuntos). También cuestionaron la competencia del juzgado que instruyó las diligencias, el nº 2 de Barbate, sosteniendo que debía haber sido materia de un órgano de Algeciras. Sin embargo esas cuestiones, que son recogidas en la sentencia, fueron rechazadas por el tribunal.

Algunas de las defensas ya anticiparon que en caso de sentencia condenatoria recurrirían el fallo al Supremo; lo que anticipaba que este asunto no morirá con la sentencia que ya se ha conocido.