El caso que sacó los colores al puerto de Algeciras llega a juicio

En 2009, el puerto de Algeciras, de referencia internacional y uno de los más importantes en movimiento de mercancías, no era noticia por sus datos de actividad sino por haber sido escenario de una larga investigación del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de Cádiz. Unas pesquisas que desembocaron en la detención de 13 trabajadores de la dársena por su colaboración directa en la introducción de cocaína procedente de sudamérica. La 'operación Espuela' reveló cómo una organización echaba mano de estos empleados, conformando cuadrillas para sacar la droga que llegaba en cada envío, y usar las instalaciones portuarias como puerta de entrada de cargamentos que viajaban en contenedores. La semana que viene está previsto que arranque el juicio contra 26 acusados en la Audiencia Provincial; si bien, fuentes judiciales confirmaron que es muy probable que la vista oral se suspenda por problemas en la notificación de la fecha del juicio a las partes.

Al menos, casi cuatro años después, se conocen las peticiones de penas que hace la Fiscalía, que solicita condenas que van desde los 17 años de cárcel y multas astronómicas de 24 millones de euros para los cabecillas, hasta los 8 años para los exempleados del puerto que ejercieron papeles subordinados dentro de la organización.

Siete pases

La acusación pública considera que hay pruebas suficientes -basadas principalmente en el contenido de los pinchazos telefónicos- de cómo la organización explotó el puerto de Algeciras entre mayo y diciembre de 2009 para introducir cocaína en siete ocasiones. En tres de ellas, la Guardia Civil no pudo incautarse la droga; sin embargo, sí pudo requisar más de 190 kilos de polvo blanco en las otras. Una mercancía tasada por la Oficina Nacional de Estupefacientes (OCNE) en 6,6 millones de euros.

El método que empleaba estaba organización, como detalla el Ministerio Público en su escrito de calificación, es el conocido como gancho perdido. La droga viaja en una bolsa camuflada en mercancía lícita, como frutas, y cuando llegaba el contenedor al puerto; la cuadrilla de trabajadores a sueldo de la organización, lo abrían, sacaban la droga y volvían a precintar el contenedor. Este sistema es el más común para envíos de cantidades medianas y habitualmente sin la connivencia de las empresas importadoras de las que aprovechan su infraestructura. Así, los envíos que les intervino la Guardia Civil a esta banda oscilaron entre 100 kilos y 26.

'El equipo de fútbol'

Los investigadores tuvieron que descifrar el lenguaje críptico que utilizaban los implicados en sus conversaciones telefónicas. Para hablar de los grupos que se encargaban de sacar la droga de las instalaciones portuarias -empleados del puerto, de empresas auxiliares de mantenimiento y de seguridad- se referían a un equipo de fútbol; la droga, era el partido que se iba a disputar.

De los 26 acusados -falta un ciudadano gibraltareño que está en búsqueda y captura como el presunto intermediario entre los cárteles sudamericanos y la banda gaditana-, la Fiscalía sitúa en la cúpula de la organización a cinco personas: Ramón R. A.; Eleuterio G. M.; Nicolás P. S.; Luis María A. R. y José David L. Z.

Un agente comercial

Ramón R. A. fue una mina de información para la Guardia Civil. A través del pinchazo de su teléfono, los agentes llegaron a descubrir las actividades de cuatro organizaciones distintas. Según fuentes de la Benemérita, su función era similar a la de un consultor pero en temas de droga. Ponía en contacto a las bandas interesadas en introducir cargamentos con las redes locales que se dedican a alijar. Tenía información suficiente para facilitar entradas por los muelles gaditanos. Según la Fiscalía, cobraba comisión por agilizar la logística de esas operaciones.

Eleuterio G. M. y Nicolás P. S., alias 'Nico', tenían su propia infraestructura para meter cocaína por los puertos de Cádiz y Algeciras. La Guardia Civil los consideraba cabecillas de una red local.

Luis María A. R. regentaba una cantina en la urbanización de Sotogrande, que esta semana ha sido de nuevo noticia por otra operación de la Guardia Civil contra el tráfico de drogas. Una red usaba un apartamento de lujo de ese enclave para alijar hachís. En la 'operación Espuela', la cantina era la 'guardería', donde era escondida la cocaína tras salir del puerto. Los agentes hallaron en este local más de ocho kilos de polvo blanco escondidos en los tubos de refrigeración.

José David L. Z. era el presunto reclutador de trabajadores del puerto que aceptaban participar a cambio de una tajada económica y a él le llegaba la información de los contenedores que venían cargados con los estupefacientes. Las pesquisas apuntan a que cada empleado que se dejó sobornar pudo cobrar unos 15.000 euros por cada envío de droga que se cerraba de forma exitosa. A uno de los detenidos, los agentes le encontraron en su casa más de 30.000 euros en metálico.