'Caso Espuela': Macrojuicio por la operación de 'limpieza' en el puerto de Algeciras

En la sala de vistas apenas queda espacio libre para los 25 de 26 acusados por narcotráfico que están siendo juzgados en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial desde el pasado 31 de marzo. La mayoría tiene que ocupar los asientos reservados para el público porque el banquillo se ha quedado pequeño. Lo mismo ocurre con sus letrados, que tampoco tienen sitio suficiente a la derecha del tribunal y varios comparten estrado con la fiscal Antidroga. La investigación que los ha llevado a todos ellos a esa sala culminó en 2009 con una de las operaciones contra el narcotráfico más importantes que se han ejecutado en los últimos años en la provincia. El 'caso Espuela' fue relevante, no tanto por el número de detenidos ni por la cantidad de droga requisada, sino por que la Guardia Civil pudo cerrar un agujero de impunidad que se había abierto en el puerto de Algeciras; uno de los centros de transporte marítimo más importantes del mundo. Trece personas que trabajaban en las dársenas como personal de seguridad y mantenimiento fueron apresados por colaborar con los narcos. Esa operación de 'limpieza' en uno de los puntos clave que explotan las organizaciones internacionales para introducir cargamentos en contenedores quedará vista para sentencia la semana que viene.

La Fiscalía Antidroga solicita penas que van desde los ocho años para los trabajadores que presuntamente se dejaron corromper por los traficantes hasta los 17 años para tres cabecillas que habían logrado crear una infraestructura local encargada de sacar la droga que llegaba a los muelles, ponerla a buen recaudo hasta su posterior entrega a los compradores. A estos jefes, la acusación pública les reclama 24 millones de euros de multa; unas sanciones testimoniales porque rara vez se saldan. Por eso, la fiscal ha pedido que el dinero en metálico y bienes como teléfonos móviles y vehículos intervenidos durante la operación policial sean decomisados para hacer frente a este pago.

Con labores de dirección en el entramado delictivo, el Ministerio Público, que hace suyas las conclusiones a las que llegó el grupo EDOA (Delincuencia Organizada y Antidroga) de la Guardia Civil de Cádiz, sitúa a cinco de los procesados; uno de los cuales Nicolás P. S. ha sido eximido de asistir al juicio porque padece una grave enfermedad.

En el banquillo de los acusados falta otra persona más, que no ha podido ser procesada porque se encuentra en búsqueda y captura. Se trata de un ciudadano gibraltareño que habría servido de enlace entre los cárteles sudamericanos y la red local gaditana encargada de introducir la droga en la península.

El juicio que ha entrado en una semana clave, comenzó el pasado 31 de marzo. Los 25 acusados se acogieron a su derecho a no declarar y los letrados trataron de derribar la base sobre la que se asienta todo el procedimiento judicial: las escuchas telefónicas. La estrategia de defensa es la habitual en este tipo de asuntos por tráfico de drogas; intentar invalidar la prueba principal para dejar el caso sin material que pruebe la participación de los acusados. Sin embargo, el tribunal de la Sección Tercera desestimó todas esas peticiones de nulidad formuladas en la primera sesión, salvo una, que hacía referencia al contenido grabado por un teléfono móvil cuyo número no aparece en el auto original que dictó la jueza de Barbate que instruyó el caso.

La novia caribeña

En la jornada de ayer se reprodujeron en sala las intervenciones telefónicas que permitieron a los agentes seguir los movimientos de la red gaditana. Durante las pesquisas, la Guardia Civil detectó hasta siete entradas de cocaína por el puerto de Algeciras entre mayo y diciembre de 2009. El método que empleaban era el gancho perdido. Así se denomina a la introducción de droga oculta en bolsas que a su vez viaja en contenedores que declaran una mercancía legal. Cuando llega al puerto, los trabajadores que tenían libre acceso por las instalaciones portuarias abrían esos contenedores, cogían los estupefacientes y volvían a precintar el contenedor.

Las conversaciones escuchadas ayer evidencian cómo los acusados extremaban las precauciones para evitar términos como puerto o droga. Recurrían a un código propio para hablar sobre «escrituras o papeles» cuando se referían a la entrega del dinero por los servicios prestados, según la Fiscalía. La investigación determinó que los sobornos a los trabajadores del puerto rondaban los 15.000 euros por envío recogido con éxito. A uno de los acusados le encontraron en su casa 30.000 euros en metálico que presuntamente procedía del pago por su colaboración con la red de narcos y que evidenciarían los suculentos sobresueldos que obtenía este personal portuario, que en su mayoría estaba contratado por empresas auxiliares.

Otras 'metáforas' en el lenguaje críptico empleadas por la red hacen referencia a «la familia que ha llegado» o «la novia caribeña» que había que recoger en la estación para hablar de los contenedores que estaban esperando y que contenían la droga.

Los acusados disponían de teléfonos móviles que les surtía la organización para la que trabajaban «los de arriba -se escuchó ayer-» con los que se sentían más seguros ante una posible vigilancia policial. Es una herramienta básica en el negocio del tráfico de droga, terminales de prepago que desechan en poco tiempo. En las conversaciones grabadas se escucha cómo los miembros de la red preguntan por ese teléfono 'seguro' cuando no podían localizar a su interlocutor a través de él.

El juicio se retomará el jueves cuando esté previsto que declare el jefe de la investigación policial. La semana que viene se oirán los informes finales que dejarán el caso visto para sentencia.