El jefe de la investigación reconoce que la falta de medios retrasó el inicio del caso

El juicio por la 'operación Espuela', que sienta en el banquillo de la Audiencia a 25 personas acusadas de introducir cocaína por el puerto de Algeciras, enfila la recta final. El jefe del equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cádiz, responsable de la investigación que sacó a la luz la connivencia entre traficantes y empleados de la dársena para explotar el gigante portuario como punto de desembarco de cargamentos, estuvo ayer cuatro horas desgranando cómo nació y fue creciendo uno de los casos de narcotráfico más importante de los últimos años. Una treintena de detenidos -aunque al final han sido procesados 26-, 200 kilos de polvo blanco incautados y la denuncia de cómo se habían corrompido algunos trabajadores del puerto -punto caliente en la entrada de droga en el mercado internacional- fueron los resultados de este operativo.

El jefe de la investigación explicó cómo las primeras pesquisas arrancaron en octubre de 2008, cuando el Instituto Armado decidió indagar en las informaciones que tenían sobre un empresario de Los Caños, Ramón R. A., que le vinculaban con el tráfico de drogas. El comandante recordó que durante su etapa profesional anterior a liderar el equipo de Policía Judicial, había estado al frente del puesto de Barbate. Fue entonces, sobre el año 2004, cuando conoció a Ramón R. A., quien ostentaba una buena situación social. «Iba incluso como invitado al cuartel a celebrar la Patrona». Pronto le llegaron noticias de que sus negocios de hostelería eran una tapadera y que en realidad se ganaba la vida con el narcotráfico.

El principal testigo de la Fiscalía confirmó que la falta de recursos humanos para abarcar más investigaciones les impidió indagar antes sobre este empresario, que se reveló a partir de 2008 como una auténtica mina de información. En marzo de 2009, el juzgado nº 2 de Barbate autorizó los primeros pinchazos telefónicos. Ayer reconoció el comandante de la Guardia Civil que la información que obtuvieron a través de esas escuchas les permitió detectar hasta siete entradas de droga por el puerto algecireño; si bien, sólo pudieron interceptar la droga en cuatro ocasiones. Del resto tienen constancia de lo ocurrido a través de las conversaciones de los implicados. Descifrando el lenguaje críptico supieron cómo pagaban, por ejemplo, a los trabajadores de la dársena.

Exposición rotunda

El mando del Instituto Armado se había preparado de forma concienzuda su declaración ya que fue capaz de relatar el contenido de una investigación que llevó a cabo hace más de cinco años, sin olvidar detalles como números de teléfonos o los papeles que tenía cada acusado.

La defensa quiso contrarrestar esa exposición tan rotunda cuestionando a través de sus preguntas por qué la causa se instruyó en Barbate en lugar de Algeciras, epicentro de las incautaciones de droga. El comandante reiteró en varias ocasiones que el origen de la investigación fue un grupo de empresarios asentados entre Barbate y Los Caños.

La competencia del juzgado que instruyó el 'caso Espuela' fue llevado hasta el Supremo que desestimó el recurso planteado por las defensas que consideraron incompetente este órgano judicial.

La otra baza que han intentado explotar los abogados de los acusados ha sido anular la pieza clave de esta investigación: las intervenciones telefónicas. Varias de las cuestiones formuladas ayer iban dirigidas en este sentido: intentar demostrar que la Guardia Civil solicitó los pinchazos y la instructora los autorizó sin haber reunido suficientes indicios que motivaran esta herramienta de indagación y que por tanto se tratarían de pruebas obtenidas de manera ilegal. En una de las ocasiones, el presidente del tribunal le recordó a los letrados que ya se habían pronunciado al inicio del juicio, el pasado mes de marzo, cuando las dieron por válidas.