Reto para el Constitucional

La incapacidad mostrada por el Tribunal Constitucional para zanjar las diferencias que dividen a sus integrantes ante los recursos al nuevo Estatuto de Autonomía catalán ha llevado al presidente de la Generalitat, José Montilla, a hacer públicas dos propuestas de distinta naturaleza. Por una parte, ha argumentado que si el Alto Tribunal no había podido establecer en qué aspectos el Estatut es inconstitucional, debería proceder sin más al reconocimiento de su constitucionalidad. Junto a ello, Montilla tomó la iniciativa de solicitar al presidente Rodríguez Zapatero y al líder de la oposición, Mariano Rajoy, la inmediata renovación del propio Constitucional. Por inexplicable que resulte la dilación con la que el TC está tratando la cuestión, cuando el texto está vigente desde hace casi cuatro años, la lógica según la cual la incapacidad del Alto Tribunal para dictar sentencia avalaría la constitucionalidad del 'Estatut' no puede sostenerse más que desde el desapego hacia el papel que ha de cumplir dicho órgano del Estado. En este sentido, cabe entender la propuesta de renovación urgente de los integrantes del Constitucional no tanto como una necesidad ineludible del citado Tribunal sino como la vía por la que la sentencia acabase posponiéndose aun más. Un acuerdo entre PSOE y PP para poner al día la composición del TC sería la mejor noticia que podría recibir el orden institucional español, en tanto que devolvería buena parte de la serenidad y entereza que precisa el poder judicial en relación a los otros poderes del Estado. El problema es que en estos momentos tal renovación no puede disociarse del veredicto pendiente sobre el Estatut; especialmente cuando los actuales magistrados, aun discrepando entre ellos, han identificado qué aspectos de la norma autonómica catalana podrían ser objetados constitucionalmente. Al designar un nuevo ponente, en la persona de su vicepresidente Guillermo Jiménez, el Alto Tribunal se ha dado una sexta oportunidad que, a la vista de lo ocurrido hasta la fecha, sólo resultaría efectiva si se pronunciase únicamente mediante aquellas consideraciones jurídicas que gocen de respaldo mayoritario en su seno. Lo cual daría en parte la razón a Montilla, o abocaría a los propios magistrados a urgir ellos la renovación parlamentaria del Constitucional.