Ibarretxe recurrirá al Tribunal de Estrasburgo

"El sistema constitucional mantiene quiebras difíciles de entender". Así se ha expresado el lehendakari, Juan José Ibarretxe, en la declaración insititucional del Gobierno vasco en respuesta a la decisión tomada ayer por el pleno del Tribunal Constitucional de aprobar por unanimidad declarar inconstitucional la Ley de Consultas, aprobada por el Parlamento vasco en junio y que daba sustento legal a la consulta popular que pretende convocar Ibarretxe el próximo 25 de octubre.

El Gobierno vasco considera que "la Justicia está agujereada por la politización" y la decisión como un "atropello democrático", aunque "acata pero no se resigna", y ve "lógico y legitimo el recurso a unas instancias supraestatales". Por ello, ha instado "formalmente" a toda la sociedad vasca "a la adopción de cuantas medidas de defensa de sus derechos de ser consultados sean necesarias" y a acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El próximo martes 23 de septiembre, "como ciudadanos de este país" el Gobierno suscribirá las denuncias particulares y de adhesión a la demanda de los partidos ante Estrasburgo", ha anunciado el líder vasco.

Durante su discurso, Ibarretxe ha lanzado asimismo a los ciudadanos vascos "un mensaje de serenidad y de mirada al frente, nunca de resignación ni de pasividad, sino todo lo contrario, un mensaje de movilización pacífica en lo social y activa en lo político" y ha reiterado sus crítivas al alto tribunal, que, a su juicio, "ha seguido un guión perfectamente trazado desde las razones de Estado y cuya primera página escribió con su recurso el Presidente español, Rodríguez Zapatero". "Las razones políticas del Estado que, disfrazadas de juridicidad, soportan la sentencia, suponen además de "un atentado al autogobierno vasco", la invalidez de los ciudadanos de elegir.

El Gobierno central, satisfecho por la decisión judicial, ya ha advertido de que, si el Ejecutivo vasco sigue adelante con ella, "defenderá su posición", mientras que el máximo responsable socilista en el País Vasco, Patxi López, ha instado al lehendakari a «acatar» el fallo del Constitucional y le ha pedido que se «ahorre el paripé» de llevar la consulta a Estrasburgo porque sólo «agravaría la crisis».

"La vida sigue en este país, más allá de la crónica de tribunales"

La decisión del pleno del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional la Ley de Consultas aprobada por el Parlamento vasco en junio y que daba sustento legal a la consulta popular que pretende convocar el lehendakari, Juan José Ibarretxe, para el próximo 25 de octubre, ha provocado esta reacción inmediata del Gobierno vasco.

Antes de que el Ejecutivo vasco se reuniera con carácter extraordinario en el Palacio de Ajuria Enea, el lehendakari ya había querido restar importancia a la decisión del TC al comentar que "la vida sigue en este país, más allá de la crónica de tribunales". "Hay que trabajar mucho todos los días para sacar este país adelante económicamente, para lograr el bienestar de la personas y luchar por el principio de igualdad", ha añadido el líder del Ejecutivo vasco.

En términos similares se había expresado el consejero de Justicia del Ejecutivo vasco, Joseba Azkarraga, que ha asegurado que la el proceso "no termina aquí" y que "más pronto que tarde", los ciudadanos vascos van a poder "pronunciarse sobre los problemas que les afectan", "lo quiera el señor Zapatero o no".

Referéndum, no consulta

Los magistrados del TC han considerado en su sentencia que, pese al nombre de "consulta" utilizado por el Ejecutivo y el Parlamento de Vitoria, ésta no es sino un referéndum, cuya convocatoria, según el artículo 149.1.32 de la Constitución, puede ser autorizada exclusivamente por el Estado. Por ello, si el lehendakari convoca finalmente el próximo lunes la consulta se estará saltando la Ley.

Dos meses y medio después de que el Parlamento vasco aprobara el proyecto de ley, el Pleno del Constitucional ha manifestado que la pretendida consulta, "no cabe en nuestro ordenamiento constitucional " puesto que en nuestro sistema "sólo puede convocarse y celebrarse los referendos que expresamente estén previstos en las normas del Estado, incluidos los Estatutos de Autonomía, de conformidad con la Constitución".

"Tal convocatoria no puede ampararse en genéricas potestades implícitas vinculadas al principio democrático, al entrar estas en colisión con otras competencias expresamente atribuidas a otro ente", indica la sentencia.

La sentencia pone de manifiesto que nuestra Constitución garantiza "uno de los sistemas democráticos más plenos que cabe encontrar en el Derecho Constitucional comparado". Los magistrados recuerdan, además, que el respeto a los procedimientos es "siempre y en todo caso, inexcusable" y destacan que "tratar de sortearlos, eludirlos o simplemente prescindir" de ellos sería "intentar una inaceptable vía de hecho para reformar la Constitución al margen de ella o conseguir su ineficacia práctica".

Replantea la relación entre el Estado y el País Vasco

Los magistrados afirman, además, que el objeto de la consulta no es sino replantear la nueva relación entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco, asunto que afecta al conjunto de los ciudadanos españoles y no sólo a los vascos. "El procedimiento que se quiere abrir, con el alcance que le es propio, no puede dejar de afectar al conjunto de los ciudadanos españoles, pues en el mismo se abordaría la redefinición del orden constituido por la voluntad soberana de la Nación", dice la sentencia.

El Constitucional indica por otra parte que la Ley de Consulta viola uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento como es el pluralismo político e infringe el Reglamento del Parlamento Vasco. "Se ha impuesto a la Cámara la tramitación de la Ley a través de un procedimiento en el cual resultan notablemente limitadas las posibilidades de participación de las minorías en el proceso de elaboración de la norma (...) en virtud de una decisión del Gobierno vasco.

Por último, el Constitucional considera inadecuada la forma en que el Parlamento vasco aprobó la ley, ya que fue tramitada en lectura única, procedimiento que el reglamento del Parlamento vasco reserva a las iniciativas gubernamentales que por su "naturaleza" o su "simplicidad de formulación" consientan ser tramitadas directamente ante el Pleno o ante una Comisión.