El Gobierno de Berlusconi aprueba la medida que considera delito la inmigración ilegal en Italia

El Gobierno conservador de Silvio Berlusconi ha aprobado que la inmigración ilegal sea un delito en Italia, según ha informado el ministro de Asuntos Exteriores, Franco Frattini. La decisión ha sido adoptada durante el primer Consejo de Ministros del Gobierno de Berlusconi, celebrado en la ciudad de Nápoles y que ha durado cuatro horas.

La tipificación como delito de la inmigración ilegal será recogida en un proyecto de ley, que se remitirá al Parlamento, mientras otras medidas de lucha contra la inmigración clandestina y consideradas urgentes han sido incluidas en un decreto ley. De esta manera, finalmente se ha impuesto la línea dura del ministro del Interior, Roberto Maroni, pese a las críticas de la oposición y la Iglesia.

La lucha contra la inmigración ilegal fue una de las banderas de Berlusconi y sus aliados durante la campaña electoral y es uno de los principales asuntos desde que el magnate regresó al poder. Los arrestos masivos de inmigrantes y los ataques en Nápoles a campamentos de gitanos rumanos, han levantado ya una fuerte polémica que incluso ha derivado en un cruce de declaraciones entre el Ejecutivo español e italiano.

El recién electo presidente ha elegido la ciudad sureña como sede de su primer consejo de ministros para expresar su compromiso con solucionar la crisis de la basuras en esa ciudad sureña, asfixiada con miles de toneladas de inmundicia arrojada en las calles y en algunos pueblos de la periferia.

Penas de entre seis meses y cuatro años de cárcel

La consideración de la inmigración clandestina como delito ya figuraba en una ley promulgada durante el anterior mandato de Berlusconi, que fue declarada parcialmente inconstitucional en el 2004. Ahora esa consideración vuelve en el proyecto de ley que será debatido en el Parlamento, donde, aunque la oposición ya ha anunciado una fuerte batalla, los conservadores tienen mayoría absoluta.

La pena prevista para este delito va de los seis meses a los cuatro años de cárcel, según fuentes políticas citadas por los medios locales.

Los partidos de la oposición son contrarios a la introducción de este delito pues, según el dirigente progresista Antonio Di Pietro, producirá "millones de fugitivos" y costará al Estado entre 45 y 50.000 millones de euros". Por su parte, la Iglesia Católica lo considera un "error", ya que, según ha dicho el cardenal Renato Martino, no se puede acusar a los inmigrantes de todo lo malo.

Polémica batería de medidas

Entre la serie de medidas, según las filtraciones a los medios, figura la expulsión de un extranjero cuando haya sido condenado a una pena superior a dos años; el aumento de la pena en un tercio cuando quien comete el delito es un clandestino y fija la permanencia máxima de los inmigrantes ilegales en los centros de acogida en 18 meses.

Quien alquile una vivienda a un ilegal puede ser condenado a una pena que va de seis a tres años y multas de entre 100 y 150.000 euros y la casa confiscada, mientras que los padres que manden a sus hijos a la mendicidad pueden ser condenados hasta a tres años de cárcel y le se quitará la patria potestad.

También se contempla el aumento de las penas para los conductores borrachos o drogados, que pueden llegar hasta los diez años de cárcel, y el endurecimiento de los requisitos para adquirir la ciudadanía italiana para el cónyuge extranjero. Hasta ahora bastaban seis meses para conseguirla y a partir de ahora serán necesarios dos años de residencia legal.

Entre las medidas se contemplaba además la posibilidad de crear patrullas conjuntas entre el Ejército y las fuerzas del orden en el marco de las medidas de seguridad que ha aprobado el Gobierno, aunque la idea ha sido descartada.