En defensa de lo local

Esta semana hemos asistido al 34 aniversario de las elecciones municipales de 1979, de las que salieron las primeras corporaciones locales de nuestra democracia. Esta efemérides representa una oportunidad propicia para reivindicar el papel que los ayuntamientos han desempeñado durante todos estos años en la constitución de nuestra sociedad actual, de manera que podamos afianzar ese protagonismo con vistas al futuro.

Antes de comenzar con el análisis de la situación actual de los ayuntamientos, debo hacer dos puntualizaciones. En primer lugar, he de realizar una confesión pública de mi ferviente municipalismo, como convencida que soy de que la administración más cercana a la ciudadanía es la que más y mejor puede atender sus demandas y responder a sus necesidades: precisamente por ello, los ayuntamientos han sido y son elementos esenciales para impulsar el crecimiento en lo local, así como para ahondar en la igualdad y la justicia social. Y en segundo término, tengo que manifestar claramente que esa autonomía municipal que ha contribuido de forma necesaria a mejorar la calidad de vida y el bienestar en nuestros pueblos y ciudades jamás ha estado tan amenazada como en estos momentos.

El PSOE se ha caracterizado a lo largo de su historia por conceder gran importancia a lo municipal, porque siempre hemos entendido que la política de las pequeñas cosas es tan importante o más que la alta política. Al menos, tanto o más que las grandes decisiones que condicionan la vida de millones de personas y que no pueden tomarse sin mirar a los ojos de cada una de ellas. Por eso, los socialistas hemos peleado durante tantos años por contar con unos ayuntamientos eficientes en la gestión y cercanos en la aplicación de las actuaciones que respondían a su ámbito competencial o que, por omisión de otras instancias de la Administración, debían asumir ante la inmediatez de los problemas de los vecinos y las vecinas. Esta circunstancia, ya de por sí de una gran complejidad, ha venido acompañada de un marco de financiación claramente insuficiente, lo que no ha hecho más que agravarse como consecuencia de la crisis económica.

Hoy, lejos de diseñar por la vía del diálogo unas nuevas reglas del juego que permitan a las corporaciones locales un desempeño más eficaz de sus competencias buscando al tiempo un reparto más equilibrado de los recursos públicos, el Gobierno de Mariano Rajoy ha impulsado una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que supone el mayor ataque a los ayuntamientos en toda esta etapa democrática. Porque el 'talante reformista' que el PP se arroga falsamente en tantas ocasiones esconde aquí un alejamiento de la prestación de políticas esenciales, lo que supone tanto un mayor desconocimiento de la realidad social en su aplicación como un peligroso primer paso con vistas a la más que previsible tentación de que se privaticen determinados servicios públicos.

Pero, más allá de eso, esta mal llamada reforma supone en muchos casos arrebatar a los alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas su legitimidad por la vía de los hechos, al abrir la puerta a retirar competencias a ayuntamientos con dificultades económicas. En el colmo de la involución democrática, el Gobierno del PP pretende eliminar la posibilidad de que los cargos electos de los municipios de menor población reciban una prestación económica por el ejercicio de esa responsabilidad, lo que se traducirá en la expulsión de la vida política de trabajadores y profesionales, que no podrán dedicarse en cuerpo y alma a lo público. En definitiva, más empobrecimiento democrático.

El PP ha revestido este intento de quebrar la propia esencia de los ayuntamientos con el mismo argumento para acometer el resto de iniciativas tendentes a desmantelar nuestro Estado del Bienestar: un supuesto ahorro y una presunta austeridad que no son tales y con las que se pretende ocultar el auténtico calado de unas medidas que no son económicas sino políticas. Porque si algo viene haciendo el Partido Popular es subordinar la política a la economía, de manera que los ciudadanos y las ciudadanas, nuestros derechos y nuestros problemas, sean contemplados como simples números y como un gasto que es preciso reducir cuando no eliminar directamente.

Esta estrategia no es única del Gobierno de la Nación, sino que se reproduce en cascada en todos los ámbitos de la Administración gestionados por el PP. Con la honrosa excepción de la Junta de Andalucía, que viene soportando un verdadero acoso y derribo desde cualquier instancia pública vinculada a la derecha, la ciudadanía la está padeciendo también en aquellos ayuntamientos gobernados por el Partido Popular. De la misma manera que todos los municipios que no cuentan con alcaldes o alcaldesas de ese partido la están sufriendo, a su vez, por parte de una Diputación que ha encontrado la excusa de la crisis para castigar a nuestros pueblos mientras premia a las grandes ciudades cuyos gobiernos locales, de su mismo color político, actúan como 'filiales' de su aparato nacional y provincial.

El último episodio de esta gestión sectaria ha sido el rechazo a un plan de empleo que atienda la situación de emergencia social que viven los pequeños municipios, esos que suponen la razón de ser de la Corporación provincial y que han sido abandonados a su suerte por la institución que debería ser su principal aliada. Porque, de la misma manera que la reforma de la Administración impulsada por el Gobierno de su propio partido castiga a nuestros pueblos, la Diputación ha decidido considerar a los habitantes de los mismos como ciudadanos y ciudadanas de segunda.