La pista del dinero

Es como si las piezas del puzzle «comenzaran a encajar». De esta forma expresaba la jueza Mercedes Alaya en un auto el avance que a su investigación sobre el fraude en las ayudas sociolaborales de la Junta de Andalucía, a través de los expedientes de regulación de empleo (ERE) y subvenciones a empresas en crisis, ha supuesto la operación 'Heracles' de la Guardia Civil. Una operación iniciada el miércoles día 20 con la detención de 22 personas y 13 registros en un despliegue de 200 agentes dirigidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y que según ha informado el director general de la institución sigue abierta.

La operación, seguida de los siete ingresos en prisión ordenados por la jueza Alaya entre el miércoles y el sábado pasado, aporta pocas novedades en cuanto a nombres. Casi todos los que han ingresado en prisión estaban ya imputados, algunos como Juan Lanzas desde hacía dos años, o habían sido mencionados como sospechosos en las diligencias policiales.

La relevancia de la nueva investigación de Alaya radica sobre todo en el 'modus operandi' de la trama que durante una década esquilmó el dinero dirigido a mantener una paz social que la magistrada tacha de «grandilocuente» y contradictoria con el verdadero objetivo: hacer negocio con las ayudas. A más ERE, más negocio. Desde 2001 a 2011 la Consejería de Empleo destinó a través de la partida presupuestaria 31L un total de 721 millones de euros para empresas en crisis, que benefició a 6.000 trabajadores. La jueza ha descubierto cómo esta partida se convirtió en un negocio para la trama de los ERE.

El alimento de la trama

El meollo son las sobrecomisiones, «el verdadero alimento de esta trama corrupta» que se otorgaban por la Junta a sabiendas de sus responsables y con «una pasividad que irritaba a muchos». La Junta de Andalucía eliminó el sistema de comisiones a las mediadoras el pasado otoño. Pero hasta entonces las pólizas de seguro de rentas pactadas para las prejubilación de los trabajadores despedidos por la reestructuración de sus empresas, incluyeron comisiones tanto para las intermediarias como aseguradoras del ERE.

La Guardia Civil ha contabilizado al menos 50 millones de euros «desviados» de las comisiones cobradas por los intermediarios en las negociaciones de los ERE, lo que sitúa el fraude a la famosa partida 31L en 136 millones de euros por ahora, tras sumar lo defraudado por la inclusión de intrusos (12,3 millones) y las ayudas irregulares a empresas (73,8 millones de euros).

En su relato, la jueza sigue creyendo que todo parte de un procedimiento ilegal y opaco de las ayudas aprobado por la administración socialista que permitió absoluta y «escandalosa» discrecionalidad en su concesión, falta de fiscalización y una motivación clientelar de cercanos al PSOE y a la Junta. Pero el análisis minucioso realizado por la Guardia Civil de las cuentas y patrimonio de los sospechosos ha permitido «una visión más amplia» de la trama que ha cambiado «radicalmente el panorama».

Para la jueza se está «ante un sistema perfectamente establecido» entre los corruptos, un «negocio bilateral»: Por un lado, la Consejería de Empleo otorgando las subvenciones y autorizando sobrecomisiones millonarias sin fiscalización alguna y obviando la celebración de un concurso público de los servicios de mediación de seguros a cambio de la inclusión de intrusos amigos o familiares en los ERE y dádivas a «ciertos cargos de la Administración autonómica». La jueza menciona solo al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero como receptor de sobornos, pero no descarta que pueda implicarse a algún otro responsable de la Junta.

La otra parte del negocio

En la otra parte del negocio, la jueza sitúa a un entramado diverso de aseguradoras, despachos de abogados, sindicatos (menciona a UGT y CC OO) y al 'conseguidor' y exsindicalista Juan Lanzas, todos con el objetivo de sacar tajada de esas sobrecomisiones para sus compañías y para sí mismos. Se trataba de buscar empresas a las que ofrecer un ERE, constituir una asociación de trabajadores de damnificados y gestionar las pólizas. Cuantos más ERE y despidos, mejor; cuantas más altas las comisiones, más pastel.

La jueza señala a las aseguradoras Vitalia y Uniter como grandes receptoras de comisiones muy por encima del mercado, más del 15% y algunas hasta cerca del 30%. Como ejemplo, Alaya cita que Uniter cobró siete millones de euros por el ERE de Delphi, mientras que Vitalia percibió 1,4 millones de euros por el de Dhul. Parte de esas comisiones se repartía luego entre toda la trama en un círculo perfectamente vicioso. Se hacía de diversas formas: a través de sobres e ingresos bancarios (Vitalia y Lanzas a Guerrero) o empresas pantalla. Es este el caso de Lanzas, que a través de testaferros emite facturas millonarias a Vitalia por servicios inexistentes. Y luego devuelve parte de ese dinero al directivo de Vitalia Antonio Albarracín que le había favorecido. Un dinero de ida y vuelta constante. Hasta ahora Alaya ha señalado como piezas principales del puzzle a Javier Guerrero, Juan Lanzas y Antonio Albarracín, los tres ingresados en prisión esta pasada semana.