JUSTICIA EN REBAIXAS

La justicia está de moda: la administración de la misma, los políticos imputados por ella, sus reformas legislativas. Nos gusta la justicia, aunque sea -que lo es- un cachondeo. Su problema es estructural y los que quieren que la Justicia funcione -unos pocos ilusos- lo saben. Se aprobó el otro día el anteproyecto de revisión de las tasas judiciales, aumento que se destinará, al parecer, a sufragar los costes de la Justicia Gratuita y evitar el «exceso de litigiosidad», vinculado, sin decirse expresamente, a la figura del abogado, gran culpable de que muchas sentencias salgan tarde y mal.

Los políticos han decidido que a menor número de pleitos, menor trabajo en los juzgados y, por ende, más justicia, que no más barata. En realidad, se producen graves injusticias con la prohibición del recurso -a los juzgadores de instancia les chifla la medida; nada molesta más a un magistrado que le revoquen una sentencia- sobre todo cuando en vez de existir jueces profesionales, en ocasiones estamos en manos de sustitutos que no han aprobado una oposición y que -algunos, pese a su buena voluntad- carecen de los conocimientos y valores precisos en un sentenciador. Esta medida hay que unirla a otras anteriores como que las reclamaciones formuladas mediante el juicio monitorio hayan visto aumentada su cuantía a los 250.000 euros, no siendo obligatoria la participación de abogado y procurador; y que las sentencias de cuantía inferior a 3.000 euros sean irrecurribles. También se produjo la 'amenaza' del divorcio ante notario, de la que ya hablé en el pasado. ¿Dónde quedan el Derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, el Derecho de defensa o el Recurso a la instancia superior? Y ahora nos dicen que, aparte de decapitar el derecho a los recursos en pleitos de cuantía inferior a tres mil euros, si nuestra demanda asciende a medio millón y una peseta, la tasa aumenta y, si no se paga, el recurso queda desierto. Y ello porque hay que pagar a los abogados de oficio. Hemos de enlazar todo esto a la precaria situación de los citados profesionales del servicio de asistencia de Justicia Gratuita, a los que adeudan meses de servicios prestados, pese a que, ahora que la crisis comienza a clavarnos sus colmillos de veras, aumenta el número de beneficiarios.

Cuesta trabajo formar parte de la administración de justicia española en estos años de rebajas judiciales, y más aún en una época donde se ha negado el derecho a los abogados a participar en la creación de las reformas legislativas que les vinculan, lo que ha hecho que el 2 de abril el Decano del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, haya remitido una dura carta al Ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, exigiéndole el respeto al derecho de defensa del ciudadano y al abogado, que aquél habrá leído con atención antes de archivarla en su papelera ministerial.