El TSJA ordena la paralización provisional de las obras del tranvía en San Fernando

Y faltan calificativos. Jarro de agua fría, varapalo, puñalada. La sensación de los isleños es que les están tomando el pelo con una de las obras más controvertidas de la historia de la ciudad. Estaba claro que como cualquier actuación iba a tener una serie de consecuencias y molestias, que habría gente a favor y en contra, que afectaría a la economía, pero lo que nadie pensaba es que se pudiera quedar estancada a la espera de una resolución judicial que puede tardar años en llegar.

Tras varias sentencias en las que no se especificaba nada sobre la paralización de los trabajos, finalmente ha llegado un auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que determina la ejecución provisional de tales resoluciones, es decir, que se tienen que suspender las obras en el tramo de la calle Real. «De no acceder a la ejecución provisional el Tribunal vendría a ponerse en contradicción con el sentido de sus propios pronunciamientos, permitiendo que cobrase efectividad un proyecto de obra pública declarado manifiestamente ilegal».

Y por qué se ha llegado a este extremo. Por una razón muy sencilla, porque en cinco meses Obras Públicas no se ha expuesto en contacto con los expropiados que reclaman sus derechos ante la Justicia. Fue en noviembre cuando llegó la primera sentencia en la que se les daba razón a los expropiados ya que anulaba el proyecto por defectos de forma. Algo que también señala en el auto ya que se insiste en que la Consejería de Obras Públicas cometió «dos omisiones capitales» como fueron la aprobación del estudio informativo del proyecto del tranvía, así como el trámite de información pública.

El revuelo amainó con el tiempo y tras el anuncio de la Junta de abrir una vía de negociación con los afectados para evitar males mayores, siempre reseñando que no se establecía la paralización de los trabajos. En febrero el abogado del colectivo, José Antonio Gameto, amenazó con solicitar la ejecución provisional y a la semana de ver que no hubo contacto alguno dio el paso. Pocos creían que progresara ya que normalmente en estos casos se suele pedir una fianza para cubrir los posibles daños que pueda crear la suspensión de los trabajos, lo que suponía que la cuantía sería millonaria y que los expropiados. Sin embargo, el letrado argumentó diferentes resoluciones en las que se había omitido este tramita y así también lo ha entendido el tribunal. «Tampoco es procedente exigir caución a los pretendientes de la ejecución provisional, puesto ello equivaldría a decir que la suspensión de un proyecto declarado ilegal por sentencia queda supeditado al ofrecimiento de una garantía económica, cuando se trata de que cese sin más la eficacia de una actuación administrativa estimada como carente de base legal y no de que la efectividad de la sentencia se supedita a un hecho aleatorio».

Acatar la sentencia

Por su parte, La Junta de Andalucía ha asegurado que «acata» el auto del TSJA que acuerda la ejecución provisional de la sentencia que conlleva la paralización de las obras del tranvía, pero los letrados de la administración autonómica ya preparan un recurso de reposición, que presumiblemente se presentará hoy. El delegado provincial de Obras Públicas y Vivienda de la Junta en Cádiz, Pablo Lorenzo, ha explicado que este auto procede de una sentencia en la que el TSJA consideró que había «unas cuestiones procedimentales» que había que subsanar, cuestión con la que «no estábamos de acuerdo» desde la Administración.

Por ello, aunque «acatando, lógicamente, la sentencia» y en uso del «derecho de defensa», la Junta presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS), que «todavía no se ha manifestado», por lo que la cuestión «está ahí pendiente», apuntó Lorenzo. Tras exponer esta «cuestión de fondo», Lorenzo ha insistido en que la Junta «acata» el auto, que, sin embargo, «no es firme y es recurrible». El motivo de no reunirse es porque se estaba a la espera de que el Jurado Provincial de Expropiaciones tomara una determinación, aunque este auto puede acelerar las negociaciones, aunque en principio solo se plantea un frente abierto.

El mayor perjuicio de todo este enfrentamiento es para los isleños y por ello se ha mostrado muy molestos el alcalde de la ciudad, Manuel María de Bernardo. «Lamentamos y denunciamos la falta de agilidad y eficacia de la Junta de Andalucía a la hora de solucionar las cuestiones planteadas por la Justicia en la sentencia dictada el pasado mes de noviembre de 2010».

Celeridad precisamente es lo que ha pedido el portavoz del PSOE local, Fernando López Gil, a Obra Públicas para «solucionar eficazmente este asunto». Más críticos han sido por parte de los populares y de su portavoz Daniel Nieto: «Este auto viene a corroborar que el Gobierno socialista de la Junta no ha tenido en consideración la sentencia en contra del proyecto, no ha disipado las dudas que creó ni tampoco ha actuado diligentemente».