Más calado, mayor ritmo

La larga espera de la reactivación económica en España se vuelve ávida de cambios estructurales. Tanto la reforma laboral como el Acuerdo Social y Económico (ASE) dejaron en el ambiente la sensación de que eran necesarios pero insuficientes. La visita a Madrid de la canciller Merkel permitió corroborarlo. La tardía reacción del Gobierno a las evidencias de la crisis dio paso, tras el impacto causado por el repentino descubrimiento del fiasco griego, a una franca disposición a llevar adelante reformas imprescindibles para que nuestra economía pueda competir en el mercado global. Pero el Ejecutivo tiende a presentar como medidas audaces iniciativas que tenían que haberse puesto en marcha con anterioridad. Puede ser comprensible que tanto el calado como el ritmo de las reformas impulsadas se vean atenuados porque el Gobierno trate de minimizar sus costes políticos. Pero los indicadores del paro son demasiado elocuentes como para argüir que todavía no se están notando los efectos de la reforma laboral; la obligada transformación de buena parte de las cajas en bancos no acaba de concretarse en el correspondiente decreto-ley, y las políticas apuntadas junto con la revisión del sistema de pensiones señalan problemas demasiado urgentes como para que sus soluciones se demoren. Es probable que CC OO y UGT interpreten su participación en el ASE como una concesión al diálogo tras la que necesitan restablecer posiciones más defensivas, en concreto respecto a la negociación colectiva. Como es posible que las organizaciones empresariales tiendan a actuar a tenor de la capacidad de iniciativa que muestre el Gobierno. De ahí que resulte crucial el compromiso del Ejecutivo por avivar al máximo la determinación e implantación de las reformas pendientes. De manera que empresarios y sindicatos se vean en la obligación de aportar antes del 19 de marzo un acuerdo operativo para la flexibilización de la negociación colectiva -incluida la eventualidad de desligar los salarios del IPC- y su traslación al ámbito de cada empresa. Como es imprescindible que, más allá del articulado del decreto-ley para una nueva reordenación del sistema financiero, la acción política del Gobierno allane realmente el camino hacia su solvencia frente a las eventuales resistencias que opongan entidades e instituciones públicas.