Piden 28 años de cárcel para el acusado de organizar el secuestro de Rafael Ávila

En su día, fue calificado por la Policía Nacional como el mayor secuestro por dinero que se había cometido en la historia de España, pero además, uno de los más inhumanos, pues Rafael Ávila, el empresario sanluqueño raptado en el verano de 2008, fue sometido durante 16 días a todo tipo de vejaciones, hasta que finalmente los agentes lo encontraron amordazado y atado de pies y manos, con un sucio jergón como cama, en la cuadra de caballos de un chalé de Almonte, mientras sus presuntos captores eran detenidos en Huelva, Sevilla, Sanlúcar y Madrid.

A falta de señalar la fecha para la celebración del juicio, a cargo de la sección Primera de la Audiencia Provincial de Cádiz, la Fiscalía ya ha fijado la pena de cárcel que solicitará para cada uno de los nueve acusados de haber participado en el secuestro, entre ellos, un conocido estafador considerado el cabecilla de la banda, Luis Miguel Rodríguez Pueyo (de 68 años), para el que la Fiscalía pedirá la mayor pena: 28 años de prisión por ocho delitos distintos, vinculados con la desaparición del empresario sanluqueño.

Con el nombre de su hermano

Además del evidente delito de secuestro -o detención ilegal-, se le imputa un delito por asociación ilícita, otro de hurto (por el robo de 12.000 euros a Rafael Ávila), otro más de tráfico de droga (por el pago con estupefaciente a uno de los compinches) y dos de falsificación y usurpación de estado civil, pues utilizó presuntamente la identidad de su hermano fallecido -Joaquín-, hasta el punto de trucar su documento de identidad. De hecho, no se descubrió su verdadera identidad hasta que fue detenido en junio de 2008.

Esta rocambolesca manera de actuar no es la única de este singular personaje, conocido por la Policía por participar en diversas estafas, por su implicación en el 'caso Arny' -por el que fue condenado- y por ser uno de los testigos principales en la investigación del 'caso Nani', en el que se dio por desaparecido a un ladrón de bancos en la década de los 80.

Junto a este estrambótico personaje, que suele acudir a los juicios en coche de caballos y con indumentarias llamativas, se sentarán en el banquillo de los acusados cinco hombres que, según la acusación, participaron activamente en el secuestro con distintos papeles, con el objetivo de lucrarse con los 10 millones de euros de rescate que al principio exigieron a la familia de Rafael Ávila, aunque ese dinero no se repartiría de manera equitativa. Para cada uno ellos se pide, sin embargo, una misma pena de 22 años de cárcel y la prohibición de residir en Sanlúcar y acercarse a Ávila durante 20 años. Al menos cuatro de estos presuntos raptores mantenían lazos empresariales principios de los 90 como accionistas o apoderados de cuatro empresas en las que también aparecía el nombre de 'Joaquín' Rodríguez Pueyo.

Entre ellos, se encuentra también Raúl B. A., que atrajo aún más la atención mediática sobre el caso por ser primo hermano del presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy. Este vecino de Sevilla era el propietario del chalé 'El Retorno' de Almonte (Huelva), donde Rafael fue retenido durante dos semanas. También están acusados los empresarios Manuel I. R, Luis Antonio R. de S. y su hermano Miguel, que conocían personalmente a Rafael Ávila por haberle comprado diversas viviendas y oficinas. Cabe recordar que el sanluqueño es dueño de una inmobiliaria y una asesoría fiscal.

Papeles repartidos

Cada uno tenía un papel en la organización del secuestro. Manuel I. R, por ejemplo, era presuntamente una especie de topo en la familia de los Ávila, a la que (según la acusación) debía acercarse como antiguo cliente de Rafael para averiguar cuáles eran los pasos de la Policía. Tanto él como Luis Antonio R. de S. enviaban presuntamente a la familia las cartas que Rafael escribía a la fuerza, además de otras pruebas de vida como fotos del empresario.

Durante las dos semanas de secuestro, los raptores mantuvieron además diversos contactos con la familia a través de cabinas telefónicas de Madrid, desde las que pedían un rescate de diez millones de euros y después, dos millones. De estas llamadas se encargaba, supuestamente, Miguel R. S. Por su parte, Raúl B. A., Luis Miguel Rodríguez Pueyo y José Antonio G. R., se turnaban en la custodia de Ávila en la cuadra de caballos del chalé de Almonte, donde lo sometieron según la acusación a una auténtica tortura psicológica y física, atado a una cadena y drogado, con apenas un colchón donde dormir. Raúl y José Antonio, de hecho, fueron detenidos por la Policía en el chalé cuando se produjo el rescate de Rafael Ávila.

De los nueve, sólo seis permanecen en prisión preventiva a la espera del juicio, que podría señalarse en los próximos meses, una vez que los abogados defensores y de la acusación particular hayan culminado sus calificaciones.