Editorial

Tránsfugas en juego

Ningún partido puede negar el haberse beneficiado del paso de un rival a sus filas

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La credibilidad de la política se ve cuestionada especialmente por dos males que los partidos intentan soslayar, la corrupción y el transfuguismo. Dos lacras que afectan al conjunto del arco parlamentario y que en muchas ocasiones van unidas. Ni los socialistas ni los populares pueden achacarse mutuamente culpas sin asumir las responsabilidades que les atañen. Transfuguismo significa que la ruptura de la disciplina respecto a un grupo parlamentario o municipal no se ha dado por razones de conciencia, de discrepancia política, o para denunciar una flagrante anomalía en el ejercicio del poder, sino para modificar sustancialmente el veredicto de las urnas. Como ocurre con la corrupción, tan reprobable es la actuación del tránsfuga como la del grupo político que se beneficia de su movimiento para dotarse de un poder con el que no contaba anteriormente. Pero si, a tenor de la doctrina del Constitucional, resulta imposible desposeer a quien decide abandonar las filas en las que concurrió a unos comicios de su acta de diputado o concejal, es necesario que el pacto antitransfuguismo comprometa a los partidos que lo suscribieron, actualizándolo con la casuística de incumplimientos que se han producido con posterioridad. Si entretanto alguna formación opta por poner en evidencia que otro partido lo ha contravenido gravemente -como podría ocurrir con el PP en su denuncia de la inadmisible componenda que se está urdiendo entre las filas socialistas respecto a Benidorm- ha de saber que la credibilidad de su juicio dependerá de que su conducta sea intachable, para lo que deberá renunciar a beneficiarse de dicho fenómeno de podredumbre política. Dado que resulta prácticamente imposible arbitrar un mecanismo que depure los casos que pudieran darse, diferenciando aquellos que conceden de forma inequívoca una ventaja partidaria no lograda en las elecciones de aquellos otros que representan una desafección personal sin mayores consecuencias o una escisión colectiva y orgánica en toda regla, es evidente que la solución está en la voluntad de cada formación y en el compromiso de respetar el funcionamiento diáfano de las instituciones. Compromiso del que al final depende la solvencia del propio sistema de partidos.