España en Irak y Afganistán

El presidente Rodríguez Zapatero explicó ayer que los vaivenes evidenciados por la actuación del Gobierno en materia económica son la consecuencia lógica de los cambios que ha ido experimentando el panorama global. Pero su defensa de que la necesidad que la política gubernamental tiene de adecuarse a las circunstancias, «como las empresas y las familias», parece del todo sobrevenida después de dos años en los que el presidente se había obstinado en mantener posiciones que los acontecimientos cuestionaban cada día. No es cierto que la actuación del Gobierno haya ido amoldándose a las vicisitudes por las que atravesaba la economía española, sino que experimentó un brusco cambio cuando, tras la crisis griega, se evidenciaron las dudas que nuestra economía suscitaba en el mercado internacional. Es a partir de ese momento -cuando España debió mostrar ante la UE y los mercados su disposición a reformar el mercado laboral, a revisar el sistema de pensiones y a aplicar con urgencia medidas de ajuste presupuestario- que la política del Gobierno comenzó a circular por una vía realista y responsable. Y es esa capacidad para modificar su línea de intervención económica la que faculta al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero a defender hoy la necesidad de acompañar a los datos más relevantes que ofrece la actividad y el empleo con iniciativas acordes a la coyuntura. En este sentido, el último informe del BBVA pronosticando un crecimiento de entre un 0,1 y un 0,2% para la economía española durante el tercer trimestre del año coincidiría con las tímidas correcciones que el propio Gobierno ha introducido respecto a sus anteriores medidas de ajuste, al incrementar el monto previsto para inversión en infraestructuras o al anunciar que los ayuntamientos más saneados podrán endeudarse. Es evidente que un segundo semestre más halagüeño de lo que parecía preverse hasta hace poco invitaría a revisar algunos aspectos de los Presupuestos para incentivar las expectativas de reactivación y de mantenimiento del empleo en el corto plazo. Pero la mejor de las hipótesis que barajan los especialistas no daría para demasiadas alegrías y la puntual relajación del ajuste en ningún caso debería cuestionar los compromisos de contención del déficit, como ha venido a indicar la propia OCDE.

El previsto envío de varias decenas de guardias civiles a Irak anunciado en abril no será finalmente necesario, según anunció ayer el presidente Rodríguez Zapatero. Y en cuanto a Afganistán mantuvo ayer su conocida -y a decir verdad muy extendida- posición de rehusar la fijación de una fecha de retirada de los efectivos españoles. España aplica en los dos casos un estándar internacional muy extendido entre los países de la OTAN con la excepción de aquellos que, como Canadá u Holanda, tras involucrarse pronto y con muchos efectivos, fijaron en su día un calendario de vuelta a casa tras sufrir bajas considerables. En Irak la Policía y el Ejército están asumiendo las labores de seguridad y no piden refuerzos adicionales. Lo de Afganistán es distinto y el empeño occidental debe ser mantenido y a ser posible sin fisuras en tanto la situación sobre el terreno mejora y la cumbre de la OTAN en noviembre despeja incógnitas y profundiza el proceso de afganización de la guerra. Las recientes bajas españolas y una holgada mayoría social de oposición al envío de tropas deben ser compatibles con una política de solidaridad con los aliados en nombre de la seguridad de todos.