Pinocho desguarnecido

Mantener una cosa y su contraria es mentir, no le demos más vuelta. A esto nos tiene acostumbrados el presidente del Gobierno. La generalización de su conducta no hace que ella deje de ser preocupante. Recuerden la frase «no queremos un gobierno que nos mienta». Incidiré sólo en tres acontecimientos suscitados esta pasada semana. Si tuviera que retrotraerme desde el comienzo de la primera legislatura, la cosa sería interminable.

Lo acontecido en su último mitin, consecuencia directa de su especial locuacidad, puede ser calificado como el milagro ilicitano. Allí han sido testigos directos. El recorte anunciado «no supone ningún cambio en su política». La vicepresidenta, otra que miente más que habla, defiende lo expuesto en la provincia de Alicante advirtiendo que «hacemos todo lo que toca hacer», sobre la base de que el «proyecto del gobierno está más vivo que nunca». Tres días antes justificaban todos, el aparato socialista al completo, la alocada política de gasto, fundamentándolo en la utilización de herramientas keynesianas, que sólo han conseguido desbordar el déficit y acrecentar la deuda. Porque, ¿qué ha sido sí no el plan estrella del gobierno en 2009, llamado Plan E? ¿Realmente ha servido para algo? Sí, para gastarnos sin reparo 16.000 millones. ¿Y para qué? Para arreglar fundamentalmente aceras. Bueno, no sólo aceras, también parques y jardines. Al menos yo, lo que he visto son aceras y el cartel indicativo. Además del gasto en el que se ha incurrido, ¿ha servido para mejorar nuestra competitividad? Evidentemente no. Y ahora hay que recortar el programa de inversiones en el Ministerio de Fomento, que sí inciden en la mejora de la productividad.

El secretario de Estado de Hacienda afirmó que era necesario «revisar el acuerdo salarial con los funcionarios» alcanzado por De la Vega con los sindicatos en Septiembre de 2009 y así conseguir un ahorro de un 4% de la masa salarial, en los términos dispuestos en el plan de consolidación fiscal. Amén de sólo sustituir uno de cada diez funcionarios que se jubilasen. La ministra de Economía fue la encargada de desmentir a su secretario de Estado, negando que en cualquier caso se fuera a tocar el salario de los funcionarios. Sin duda he pensado en lo absurdo de estos «dimes y diretes» y en la necesidad de haber llevado a cabo con decisión en el año 2009 la congelación de los salarios públicos y no haber sucumbido una vez más al chantaje de unos sindicatos insolidarios, no sólo con la sociedad en su conjunto, sino con la función pública en particular. En plena vorágine de la crisis, los sindicatos, en un gesto de irresponsabilidad social sin precedentes, exigían desproporcionados incrementos salariales que se quedaron en el 0,7% al finalizar las negociaciones. Acuerdo vendido por las partes suscribientes como el triunfo de lo público. El de los funcionarios intocables, que además veían como el sector privado padecía en sus carnes la virulencia de la crisis. Lo que Gobierno y sindicatos habían escenificado en el fondo era la provocación al resto de la ciudadanía y el lógico rechazo de una sociedad dejada de la mano de Dios a verlas venir. Sin duda, una de las decisiones menos edificantes posibles de imaginar. ¿No les parece? Algo parecido ocurrió con la propuesta que envió el Gobierno a Bruselas, en la que se pretendía y se justificaba la necesidad de ampliar el período de cómputo para el cálculo de la base de la prestación de jubilación, a la par que retrasar en dos años la edad que determina el hecho causante de la misma. Pero no queda ahí la cosa, el presidente de la Junta extremeña, ahora apodado Fernández «Vala», exige a su conductor para cumplir su «agenda», poner en peligro su vida e integridad física y la de sus escoltas, porque sin decirles a ellos la velocidad a la que tienen que transitar, sí les dice «la hora a la que han de llegar». Y hay un dicho en derecho que dice «a lo imposible no se está obligado», por lo que implícitamente les impone sobrepasarlo con creces, lo que para la Ley de Seguridad Víal es un gravísimo ilícito administrativo, cercano al ilícito penal. Incluso en esto miente la delegada del Gobierno de Extremadura.

Pero el colmo de todos los colmos se ha producido con el avatar seguido por el Real Decreto Ley 8/2010, sobre medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, publicado en el BOE el día 24 y «rectificado» el día 25, mediante una «corrección de errores». Otra mentira más, pero gravísima, en cuanto que afecta a las propias instituciones democráticas. Es absurdo pensar que estamos ante una corrección materializada a través de una fe de erratas que publica el propio BOE, rectificando el propio texto previamente publicado. La cuestión debe considerarse como una revisión del propio articulado de la norma ahora objeto de revisión, lo que exigiría un nuevo Real Decreto Ley que enmendara el anterior. La jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia contenciosa administrativa exige la revisión cuando el error no se deduzca del «expediente» y hay un argumento sólido para entenderlo así. El artículo 86 de la Constitución exige para el Real Decreto Ley, extraordinaria y urgente necesidad, por lo que la única fecha verosímil para la entrada en vigor del artículo 14 del texto «corregido» debiera ser su entrada en vigor de forma inmediata. Normalmente va a coincidir con el mismo día de la publicación de la norma que se aprueba y no siete meses después. Porque si esa fuera la fecha, la del 1 de enero de 2011, ¿donde se justifica la extraordinaria y urgente necesidad que tiene por causa el invocado precepto constitucional? Sin comentario.

Permítanme una licencia. No pretendía titular así el artículo, era más ordinario desde luego. Pinocho en bragas. Creo que era lo suficientemente descriptivo de cómo deja el Gobierno a Pinocho mintiendo. Pero tengo la suerte de tener un Ángel de la Guarda, que me indicó que debe prevalecer la ciencia sobre la ordinariez y así lo hice. Ahora me dirijo a él. No puedo llamarlo «querido» Ángel de la Guarda, vaya a pensar que voy a darle un sablazo de 300.000 € por ejemplo. Tampoco excelentísimo, todos los senadores lo son por los siglos de los siglos. Lo serán Pajín y Bárcenas. Sólo me queda llamarte Alfonso, tu nombre de pilas.