El vicepresidente del Poder Judicial renuncia a decidir sobre la suspensión de Garzón

La batalla de las recusaciones en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el expediente de suspensión abierto a Baltasar Garzón se cobró ayer una nueva víctima. Y no cualquiera. El vicepresidente del gobierno de los jueces, Fernando de Rosa, decidió apartarse de su tramitación para «preservar la independencia del Consejo» y su «honorabilidad». El que fuera consejero de Justicia de la Comunidad Valenciana con Francisco Camps comunicó su renuncia en un escrito con múltiples peros. Sin embargo, finalmente capituló a la petición de Garzón, que había reclamado su abstención en el proceso por «enemistad manifiesta».

La abstención de De Rosa se suma a la de la vocal Margarita Robles, quien también había sido recusada por el juez por el mismo motivo, y que ya decidió apartarse la semana pasada. Sin ir más lejos, durante la comisión permanente del Consejo celebrada ayer y de la que Robles forma parte, ésta decidió ausentarse de todas cuantas decisiones se tomaron en torno a Garzón, con quien compartió tareas en el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Felipe González. Por su parte, la tercera vocal recusada por el juez, Gema Gallego, comunicó el lunes por la noche en un sucinto escrito que rechazaba apartarse.

El vicepresidente del Consejo expone como argumento central de su abstención salvaguardar la libertad del órgano judicial. «La independencia del Consejo está por encima de todo. No puede existir ni una sombra de duda sobre mi dignidad y mi honorabilidad, algo que siempre he preservado en todas las instituciones a las que he servido, incluido el Consejo». «Una vez dicho esto -continúa De Rosa-, quiero dejar claro que no reconozco ninguna de las causas que ha esgrimido el juez Garzón para recusarme», alega.

«Hecho insólito»

De Rosa profundiza en su escrito remitido a la comisión en el hecho de que el «debate no ha de centrarse en si los vocales recusados se deben o no abstener en este supuesto, sino en saber si un magistrado contra el que se han admitido tres querellas (...), hecho insólito en la historia de la Justicia española, puede continuar ejerciendo sus funciones jurisdiccionales hasta que el tribunal penal competente se pronuncie sobre cada uno de esos delitos».

Uno de los argumentos de Garzón para recusar a De Rosa era la relación de amistad de éste con el presidente valenciano Francisco Camps. De Rosa, quien trabajó como consejero de Justicia en aquella comunidad entre julio de 2007 y septiembre de 2008, periodo en el que ya estaban en marcha las diligencias policiales sobre la trama corrupta, reconoce efectivamente su «relación de amistad», pero alega que esta circunstancia no justifica que se pueda poner en entredicho su «objetividad de juicio». En cualquier caso, señala, «esta relación amistosa en ningún caso lleva aparejada una enemistad hacia Garzón» y recuerda que el «señor Camps no es interesado directo en el presente expediente de suspensión».

De Rosa recuerda a Garzón que no puede pasar por alto una circunstancia que le «sorprende»: que el juez le recusase por trabajar para la Comunidad Valenciana cuando el propio Garzón, reincorporado a la función jurisdiccional tras su paso por el Ministerio del Interior en los años noventa, «no tuvo reparos en instruir actuaciones penales contra personas con las que mantuvo una estrecha relación de servicio durante su tiempo de permanencia en la administración pública», en referencia a sus instrucciones sobre la guerra sucia de los GAL contra ETA. Unas investigaciones que Robles, cuando se inhibió, también le reprochó.

Proceso accidentado

E l vicepresidente del Consejo concluye que la Justicia «se está viendo afectada por los diferentes avatares que rodean el procedimiento de suspensión de Garzón, en el que subyacen intereses que nada tienen que ver con la defensa de la Justicia, y que están menoscabando el propio prestigio del Poder Judicial».

La decisión final sobre las recusaciones reclamadas por Garzón se decidirá en el pleno del Consejo que se celebrará la próxima semana, aunque todo hace indicar que se aceptará la decisión de abstenerse tanto de De Rosa como de Robles.

Por otra parte, la comisión permanente rechazó ayer las recusaciones de tres vocales pedidas por los abogados querellantes de Garzón en la causa de los cursos de Nueva York, al argumentar que los letrados son ajenos al procedimiento de suspensión que se sigue en el Consejo contra el juez de la Audiencia Nacional.